En la madrugada del 14 de agosto, el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, arribó a su hogar en el fraccionamiento Xilotzingo para cumplir su proceso en prisión domiciliaria. El traslado desde el penal del Altiplano, en el Estado de México, se realizó en un operativo discreto y cauteloso, reflejando la delicadeza del caso que ha capturado la atención pública. Marín fue transportado en una ambulancia de la Guardia Nacional, escoltada por tres patrullas, hasta su residencia en Puebla.
La decisión de permitir que Marín cumpla su proceso en casa fue emitida por una jueza de Quintana Roo, quien modificó las medidas cautelares el pasado sábado. Estas incluyen el uso de un brazalete electrónico, la prohibición de salir del país y el pago de una fianza de 100 mil pesos. Marín enfrenta cargos por su presunta participación en el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, un caso que ha resonado tanto a nivel nacional como internacional.
La llegada de Marín a su domicilio se produjo en completo silencio, con el convoy cruzando las puertas de su residencia alrededor de las 4:00 de la mañana. Apenas 20 minutos después, las patrullas escoltas se sumaron al arribo, seguidas por vehículos particulares, presumiblemente de familiares y allegados al exgobernador. Esta medida de prisión domiciliaria, aunque menos restrictiva que la prisión formal, mantiene a Marín bajo estricta vigilancia mientras se desarrolla el proceso legal en su contra.
La jueza que otorgó la prisión domiciliaria consideró que no existían más causas penales que impidieran su salida del penal de máxima seguridad. Sin embargo, el exgobernador deberá portar permanentemente el brazalete electrónico, no podrá abandonar Puebla ni el país, y tiene prohibido acercarse a Lydia Cacho. Estas restricciones buscan asegurar que Marín no evada la justicia mientras se resuelve su situación legal.
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