Lunes 23 de marzo de 2026
En la mañanera de este lunes 23 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum colocó al agua en el centro de la agenda pública: justicia hídrica, fin del mercado negro de concesiones, sanciones a grandes usuarios irregulares y una decisión que el gobierno presentó como histórica: la entrega directa de derechos de explotación de agua a municipios de Baja California.
El mensaje político fue claro desde el arranque: “hay que feminizar a la CONAGUA”, dijo la presidenta, al introducir una exposición que buscó contrastar la nueva política hídrica con el modelo heredado de la Ley de Aguas de 1992. La narrativa oficial sostiene que durante décadas el recurso fue capturado por intereses privados, especulación, transmisiones irregulares y uso lucrativo de concesiones originalmente otorgadas para fines agrícolas.
La conferencia también incluyó el reporte de Profeco sobre remesas, gasolina y canasta básica, pero el tema dominante fue la defensa de la nueva Ley de Aguas como instrumento para desmontar privilegios y devolver el control del recurso al interés público.
Ley de Aguas: fin a la especulación y al “mercado negro”
El director general de @conagua_mx, Efraín Morales López, explicó que uno de los cambios centrales de la nueva ley es la eliminación de la transmisión entre particulares, figura que, según el gobierno, permitió durante años la compraventa informal de títulos y la especulación con el agua.
También se eliminaron los cambios de uso que permitían que concesiones agrícolas —sin costo por estar asociadas a la producción de alimentos— terminaran utilizándose con fines de lucro. Con la nueva norma, dijo CONAGUA, la autoridad obtiene mayores facultades para verificar, sancionar, clausurar e incluso extinguir concesiones cuando se compruebe uso ilegal del recurso.
Además, la ley reconoce a los sistemas comunitarios de agua en ejidos, comunidades y pueblos indígenas, incorporando un criterio de justicia social que el gobierno busca convertir en uno de los sellos del nuevo marco normativo.
Querétaro, Bahía de Banderas y una “refresquera muy famosa”
Para exhibir cómo operaba el viejo modelo, CONAGUA presentó varios casos.
Uno de ellos fue el del acuífero Laguna de Hormigas, donde se detectaron 103 concesiones agrícolas y 284 concesiones de libre alumbramiento inexistentes, presuntamente otorgadas para luego venderse a terceros que sí requerían el título. La nueva ley obliga a la autoridad a elaborar un programa de regularización para corregir ese tipo de maniobras.
Otro caso fue ubicado en Querétaro, donde —según la exposición oficial— integrantes de la familia Calzada concentran 628 mil metros cúbicos en cinco títulos dentro de uno de los acuíferos más deficitarios del estado. CONAGUA aseguró que, tras revisar los expedientes, encontró pozos con títulos agrícolas y pecuarios que en realidad eran utilizados para comercializar agua en pipas, abastecer desarrollos inmobiliarios e incluso un club de polo.
En Bahía de Banderas, la dependencia halló un pozo perforado ilegalmente para la venta de pipas, con precios de entre 2,500 y 5,000 pesos por viaje. Bajo la nueva legislación, esa práctica ya no solo implica sanciones administrativas, sino también penas de prisión y multas.
El funcionario también señaló irregularidades en 18 títulos de una refresquera muy famosa, donde se identificó agua concesionada por más de 2.8 millones de metros cúbicos sin los pagos correspondientes; además, se detectaron títulos con sobreexplotación y otros en incumplimiento de derechos. Informó que la empresa ya realizó un pago la semana pasada y se acercó a CONAGUA para regularizarse.
En otro frente, mencionó a una embotelladora de agua con medidores inexistentes, construcciones en zona federal sin permiso y diez títulos de concesión, de los cuales solo pagaba uno.
Baja California: municipios recibirán directamente los derechos del agua
El punto políticamente más fuerte de la mañanera fue el anuncio de la entrega de títulos a los municipios de Tijuana, Rosarito, Ensenada y Mexicali.
Hasta ahora, esos municipios compraban el agua a un distrito de riego mediante la figura de transmisiones. De acuerdo con CONAGUA, en los últimos cinco años eso implicó pagos superiores a 521 millones de pesos. Sheinbaum lo resumió así: antes el dinero terminaba en manos de un grupo reducido; ahora, con la asignación directa a los municipios, los recursos que se paguen por derechos regresarán a la sociedad en obra pública.
La presidenta remató con una frase de alto contenido político: “Antes se quedaba en el bolsillo de diez personas; ahora se le regresa a la gente”.
En la lógica del gobierno, esta medida constituye un acto de justicia hídrica y un ejemplo concreto de cómo la nueva Ley de Aguas busca desmontar rentas privadas construidas a partir de un bien nacional.
Seguridad: Sheinbaum respalda a Ernestina Godoy y presume modelo CDMX a escala nacional
En la ronda de preguntas, la presidenta defendió el trabajo de Ernestina Godoy al frente de la @FGRMexico y anunció que a mediados de abril presentará un nuevo plan de fortalecimiento institucional y coordinación con fiscalías estatales.
Sheinbaum sostuvo que el equipo que integraron Ernestina Godoy y @OHarfuch en la Ciudad de México logró reducir 50% los homicidios de 2018 a 2023, y que ese mismo esquema, ahora reforzado con @SEDENAmx, @SEMAR_mx y el CNI, ha permitido una caída nacional de 44% en homicidios.
La intención política fue evidente: reivindicar el modelo de seguridad construido en la capital como fórmula replicable a escala nacional.
Reforma electoral: revocación de mandato, costos y regidores
Sobre la reforma electoral, la presidenta defendió que la revocación de mandato pueda coincidir con una jornada electoral ordinaria, argumentando que carece de sentido instalar nuevamente miles de casillas si el ejercicio puede realizarse de manera concurrente.
También rechazó versiones que aseguran que la reforma obligaría a aumentar el tamaño de congresos o cabildos. Aclaró que el transitorio plantea que quienes hoy superan ciertos porcentajes presupuestales deberán bajar, y que no se trata de inflar estructuras, sino de contener costos en términos reales.
Por la tarde-noche, dijo, se reuniría con líderes parlamentarios para continuar afinando la discusión.
Derrame en el Golfo, Dos Bocas, gas y Burgos
En otro tema, Sheinbaum confirmó que existe una investigación por el derrame que afecta a Veracruz y Tabasco, y precisó que no se trata de un derrame de Pemex, aunque la petrolera participa en las tareas de limpieza de playas y océano. Señaló que @PROFEPA_Mx, @SEMARNAT_mx y ASEA determinarán responsabilidades y que la empresa responsable deberá resarcir los daños.
Sobre energía, defendió nuevamente la estrategia de refinación de la 4T. Reivindicó a Dos Bocas y sostuvo que refinar petróleo no ha sido una pérdida, sino una ventaja estratégica frente a la volatilidad y posible escasez. Aseguró que México ya refina alrededor del 80% de su crudo y confirmó que el objetivo inmediato es avanzar en gas natural y fuentes renovables.
La presidenta abrió la puerta a que Burgos forme parte de la estrategia para reducir importaciones de gas, aunque insistió en que cualquier desarrollo futuro deberá valorar impactos ambientales y nuevas tecnologías. También informó que la planta coquizadora lleva 76% de avance y aportará 80 mil nuevos barriles de gasolina y diésel.
Ayotzinapa, crematorios y Grupo México
Sobre el caso Ayotzinapa, Sheinbaum afirmó que la Corte debe revisar la resolución relacionada con los 583 folios solicitados y calificó como cuestionable una resolución judicial proveniente de Tamaulipas. También confirmó que nuevas investigaciones condujeron a una funeraria de Iguala vinculada previamente en la investigación del GIEI y pidió que la Fiscalía informe sobre el hallazgo de restos.
En cuanto a Grupo México, negó que la presa vinculada al proyecto en Sonora tenga como destino favorecer a la empresa y subrayó que el agua es para Hermosillo. Aun así, aceptó revisar con CONAGUA el tema de pozos y derechos de agua en Cananea.
Lectura política: agua, territorio y fin de privilegios
La mañanera del 23 de marzo tuvo una construcción política precisa: colocar el agua como un campo de disputa entre el viejo régimen de concesiones opacas y una nueva narrativa de justicia social, regulación estatal y control público.
El gobierno eligió exhibir casos concretos —familias, embotelladoras, piperos, refresqueras, clubes de polo— para mostrar que la nueva ley no es un ajuste técnico, sino una confrontación abierta con los privilegios construidos alrededor del recurso hídrico.
El mensaje de fondo fue doble:
por un lado, el agua deja de ser negocio de unos cuantos; por otro, los municipios y comunidades recuperan centralidad en la gestión del recurso.
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