Viernes 27 de marzo de 2026
La mañanera de este viernes 27 de marzo estuvo dedicada a uno de los temas más delicados de la agenda nacional: la crisis de personas desaparecidas en México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó, junto con funcionarios de @SEGOB_mx y del @SESNSP, un informe detallado sobre el estado del registro nacional, las acciones implementadas desde octubre de 2024 y los cambios derivados de la reforma legal publicada en julio de 2025.
El eje político de la exposición fue claro: el gobierno busca mostrar que pasó de un modelo fragmentado, con registros incompletos y búsquedas sin coordinación, a un esquema de localización, cruce de bases de datos, apertura obligatoria de carpetas y trabajo permanente con colectivos. Sheinbaum también subrayó el acompañamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Comité Internacional de la Cruz Roja, como parte de una narrativa de apertura institucional y verificación externa.
Dos momentos históricos de la desaparición en México
El subsecretario de Derechos Humanos de @SEGOB_mx, Arturo Medina Padilla, explicó que el fenómeno de la desaparición puede dividirse en dos grandes etapas.
La primera corresponde al periodo de la llamada Guerra Sucia, entre los años cincuenta y noventa del siglo XX, cuando predominó la desaparición forzada cometida desde el Estado. La segunda se ubica a partir de diciembre de 2006, con el inicio de la llamada “guerra contra el narco”, cuando las desapariciones comenzaron a estar ligadas, principalmente, a dinámicas de delincuencia organizada.
En ese marco, Medina recordó la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad para los casos de la Guerra Sucia, así como la existencia de una fiscalía especial en la @FGRMexico para investigar delitos del pasado. También señaló que, tras los hallazgos de 2025 en el Rancho Izaguirre, la presidenta instruyó reforzar las capacidades de búsqueda y reformar tanto la ley de desaparición como la ley de población.
El tamaño del registro: 394 mil 645 casos acumulados
La titular del @SESNSP, Marcela Figueroa Franco, informó que desde 1952 a la fecha el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas acumula 394 mil 645 casos.
De ese universo, dijo, 66 por ciento ya fueron localizadas, y de esas personas localizadas, 92 por ciento fueron encontradas con vida. Además, del total de personas localizadas, 96 por ciento no fue víctima de algún delito.
La funcionaria explicó que actualmente permanecen 132 mil 534 personas con estatus de desaparecidas o no localizadas. De ese total, 2 mil 356 casos corresponden al periodo 1952-2005, asociado en gran medida a la represión estatal.
Para el periodo de 2006 a la fecha, el universo de registros activos asciende a 130 mil 138 personas, pero el gobierno propuso una lectura analítica en tres grupos:
- 46 mil 742 registros sin datos completos, imposibles de buscar adecuadamente porque carecen de nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto o lugar del hecho.
- 40 mil 308 registros con datos suficientes y con indicios de actividad posterior a la fecha de desaparición, como altas en el SAT, cambios en el INE o matrimonios.
- 43 mil 128 casos con datos completos, pero sin actividad posterior identificada hasta ahora.
La presidenta insistió en que las personas del segundo grupo no son retiradas automáticamente del registro. Solo se cambia su estatus cuando existe verificación directa, fotografía o prueba de vida o fallecimiento.
Más de 31 mil personas localizadas desde octubre de 2024
Uno de los datos políticos más fuertes de la conferencia fue el número de personas localizadas en el actual gobierno. Según Marcela Figueroa, de octubre de 2024 a la fecha se han localizado 31 mil 946 personas con reporte de desaparición.
Además, gracias al nuevo mecanismo de cruce institucional y verificación domiciliaria, 5 mil 269 personas ya fueron formalmente reclasificadas de “desaparecidas” a “localizadas” en el registro nacional.
Sheinbaum reforzó la idea de que ahora existe un sistema más robusto para buscar, localizar y contextualizar cada caso. Sostuvo que hoy participan de manera coordinada fiscalías estatales, la @FGRMexico, la Secretaría de Seguridad, la Agencia de Transformación Digital y el Secretariado Ejecutivo.
Colectivos, ONU y Cruz Roja: el otro eje del informe
La secretaria de Gobernación, @rosaicela_, informó que se realizaron 134 mesas de diálogo y atención, 137 reuniones interinstitucionales y 32 mesas de trabajo con organismos internacionales. En estas reuniones participaron 774 colectivos de familiares y se recibieron 570 propuestas.
El mensaje del gobierno fue mostrar una interlocución constante con madres buscadoras y colectivos, aunque Sheinbaum admitió que muchas de esas reuniones no se hacen públicas. Dijo que ha hablado con numerosas madres y familiares en sus giras, y que el diálogo continuará.
La presidenta remarcó que Rosa Icela Rodríguez atiende a los colectivos “de manera muy humana” y dejó abierta la posibilidad de reunirse personalmente con ellos si es necesario.
Carpetas obligatorias, sanciones y reclutamiento forzado
Un punto central del nuevo enfoque es que hoy todo reporte debe derivar en carpeta de investigación, algo que —según aclaró el gobierno— no era obligatorio antes de julio de 2025.
Arturo Medina explicó que las omisiones de servidores públicos pueden derivar en responsabilidades administrativas, desde multas hasta inhabilitaciones, y también en responsabilidad penal. Sheinbaum agregó que ahora sí se abren casos penales por omisión.
Sobre el reclutamiento forzado, la presidenta reconoció que aún es difícil cuantificarlo de manera precisa dentro del universo total de desapariciones, pues eso exige revisar carpeta por carpeta y entender el contexto de cada caso. Aun así, confirmó que existe colaboración con plataformas digitales para dar de baja cuentas vinculadas con este tipo de captación.
Los perfiles de las personas desaparecidas
Ante preguntas sobre las edades más afectadas, Marcela Figueroa indicó que, entre quienes siguen no localizados, 78 por ciento son hombres de entre 30 y 59 años, mientras que 22 por ciento son mujeres de entre 18 y 29 años.
Este dato sugiere patrones diferenciados por edad y género, pero también deja abierta una discusión pendiente sobre desaparición de jóvenes, trata de personas, reclutamiento y contextos regionales.
Ayotzinapa, Rancho Izaguirre y los cuerpos sin identificar
Sheinbaum aclaró desde el inicio que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa se tratará por separado. Sin embargo, durante la conferencia sí habló de investigaciones vinculadas con la funeraria de Iguala, mencionada previamente por el GIEI y retomada por nuevas indagatorias.
También reconoció la gravedad de los más de 50 mil cuerpos sin identificar que permanecen en servicios forenses del país y señaló que se trabaja en fortalecer esos sistemas, tanto en infraestructura como en procesamiento de datos.
Respecto al Rancho Izaguirre, dijo que la fiscalía dará su informe cuando tenga mayores datos y evitó adelantar conclusiones. Señaló que, cuando las madres buscadoras identifican prendas o indicios, corresponde a la autoridad profundizar la investigación y dar seguimiento.
Derrames, turismo y seguridad internacional
En la ronda de preguntas, la presidenta también habló del derrame de hidrocarburos en el Golfo, señaló que el grupo interdisciplinario permanecerá activo y que se fortalecerán sistemas de contención y alerta junto con @SEMAR_mx, @Pemex y centros de investigación como el CICESE.
A una pregunta sobre el impacto internacional del tema de desapariciones en la imagen del país, Sheinbaum respondió que México puede visitarse de manera segura y destacó que en enero de 2026 hubo 10 por ciento más visitantes internacionales que en 2025.
Lectura política: ordenar el registro para disputar la narrativa
La mañanera del 27 de marzo tuvo un objetivo de fondo: disputar la narrativa pública sobre desapariciones sin negar la gravedad del problema. El gobierno intentó instalar la idea de que una parte del universo acumulado no corresponde necesariamente a desapariciones activas, sino a registros incompletos, personas ya localizadas o casos sin verificación adecuada en años anteriores.
Esa estrategia tiene una doble lectura. Por un lado, puede ayudar a depurar el registro y a hacer más eficiente la búsqueda. Por otro, será inevitablemente cuestionada por sectores que temen una reinterpretación política de las cifras. Anticipándose a ello, Sheinbaum respondió que la oposición “va a decir cualquier cosa” y sostuvo que lo que se presenta es resultado de un análisis transparente y verificable.
En el plano político, el gobierno apostó por tres mensajes:
primero, que sí hay más capacidad de localización;
segundo, que ahora existe coordinación real con fiscalías y colectivos;
y tercero, que la búsqueda de personas ya no puede depender de reportes sueltos ni de registros sin contexto.
Deja una respuesta