La Universidad de Guanajuato (UG) demandó penalmente a siete estudiantes que en septiembre de 2023 participaron en la toma de las oficinas de la Rectoría para exigir transparencia en el proceso de designación del rector.
Los alumnos señalaron que después de 22 días de ocupación y diálogo con las autoridades universitarias, se firmó un acuerdo donde se establecía que no habría represalias en su contra. Sin embargo, la UG inició un proceso legal en su contra por daños a edificios públicos y bienes con valor histórico.
Los estudiantes denunciados expresaron sentirse «sumamente violentados, amenazados» y temen por su seguridad y la de sus familias. Acusaron a la universidad y a las autoridades estatales de criminalizar la protesta estudiantil.
El movimiento estudiantil ha denunciado falta de transparencia en el nombramiento de autoridades universitarias y exige que se atiendan demandas estudiantiles relacionadas con irregularidades académicas y administrativas.
La situación ha escalado a acciones legales por parte de la UG, lo que puede sentar un precedente negativo para la libertad de expresión y el derecho a la protesta en la máxima casa de estudios de Guanajuato.
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