La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ordenado al Gobierno y al Congreso del Estado de Jalisco crear una Fiscalía Especializada contra la Tortura. Esta decisión surge después de identificar una «omisión legislativa absoluta» por parte de las autoridades de Jalisco, quienes no han cumplido con esta obligación durante más de seis años.
El caso inició con un amparo promovido en noviembre de 2021 por Salvador Leyva, secretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), luego de que su personal denunciara actos de tortura por parte de la Policía Investigadora del Área de Robo de Vehículos en Zapopan, Jalisco.
Esta resolución judicial enfatiza la necesidad de una investigación imparcial e inmediata en casos de denuncias de tortura, lo cual debe ser realizado por una fiscalía especializada. La SCJN destacó la importancia de cumplir con los principios de independencia e imparcialidad en estas investigaciones. Además, se critica la falta de recursos adecuados y autonomía operativa en la Unidad Especializada de Investigación en Delitos de Tortura existente, resaltando la necesidad de una entidad más autónoma y especializada.
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