Un juez de control concedió órdenes de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, su entonces secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, y 14 policías estatales, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura relacionados con los hechos ocurridos en Arantepacua, Nahuatzen, en abril de 2017. La Fiscalía de Michoacán informó que las imputaciones derivan del asesinato de cuatro habitantes de la comunidad y de lesiones a por lo menos una decena más durante un operativo policial.
El caso vuelve a sacudir la escena política nacional porque no se trata solo de una investigación contra mandos medios o elementos operativos, sino de una acción judicial que alcanza al exmandatario perredista y a la cúpula de seguridad de su administración. De acuerdo con la cobertura de El Universal, la Fiscalía General del Estado presentó los elementos que, a juicio del órgano jurisdiccional, fueron suficientes para otorgar las capturas.
Los hechos por los que hoy se les persigue ocurrieron el 5 de abril de 2017 en la comunidad indígena de Arantepacua, en la Meseta Purépecha, un episodio que dejó una herida abierta en Michoacán por el uso de la fuerza estatal contra pobladores. La nueva decisión judicial reactiva uno de los expedientes más delicados del sexenio de Aureoles, justo cuando el exgobernador ya arrastraba otros procesos y señalamientos públicos.
El peso político del caso es enorme. No solo porque coloca a un exgobernador en calidad de buscado por delitos graves, sino porque revive la discusión sobre la responsabilidad de los altos mandos en operativos que terminan en violaciones severas a los derechos humanos. En la narrativa pública, el asunto deja de ser únicamente un tema policial y se convierte en una prueba sobre hasta dónde puede llegar la rendición de cuentas en casos de violencia estatal.
Hasta ahora, lo que se sabe es que las órdenes judiciales ya fueron concedidas y que la investigación apunta directamente a la cadena de mando de aquel operativo. Distintos reportes periodísticos coinciden en que la causa penal incluye a 16 personas en total, entre exfuncionarios y elementos policiales, aunque una parte de la cobertura identifica específicamente al exgobernador, al exsecretario de Seguridad y a 14 policías estatales.
Con este movimiento, el caso Arantepacua sale otra vez del archivo y regresa al centro del debate nacional. La pregunta ya no es solo qué ocurrió en 2017, sino si ahora sí el aparato de justicia llegará hasta el nivel más alto de responsabilidad política. En Michoacán, la señal es potente: la crisis de seguridad del pasado todavía persigue a quienes la encabezaron.
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