El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino, ha calificado la iniciativa de reforma constitucional en materia indígena como un «acto de elemental justicia social». La propuesta, enviada al Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y no como objetos de protección, como se les ha considerado hasta ahora.
La reforma pretende reflejar la realidad de México como una nación pluricultural y multiétnica, con 70 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, que hablan 68 lenguas indígenas en 364 variantes. Con 23 millones de personas que se reconocen como indígenas y 2.5 millones que se autoadscriben como afromexicanas, la iniciativa busca transformar la relación entre estos pueblos y el gobierno, promoviendo un diálogo y coordinación basados en el respeto y el ejercicio pleno de sus derechos.
La reforma también garantizaría la participación de las comunidades indígenas y afromexicanas en la construcción de modelos educativos y en la medicina tradicional. Este cambio fundamental en la legislación es visto como un componente clave de la cuarta transformación de la República, y se espera que contribuya significativamente a la humanidad y la justicia social en el país.
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