La iniciativa de Ley Federal de Ciberseguridad en México, presentada por el diputado Javier Joaquín López Casarín del Partido Verde Ecologista de México, busca establecer un marco legal integral para la gestión de la ciberseguridad en el país. Esta propuesta surge en respuesta a la acelerada evolución de las tecnologías de información y telecomunicaciones (TIC) y su impacto en diversos sectores, incluyendo el social, político, económico, cultural y de seguridad. La iniciativa contempla la creación de una Comisión Intersecretarial de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y de la Seguridad de la Información, que reemplazaría a la Comisión para el Desarrollo del Gobierno Electrónico creada en 2005, con el objetivo de coordinar e implementar políticas federales en materia de TIC y seguridad.
Entre los aspectos más relevantes de la propuesta se incluyen:
-
- La garantía de la seguridad nacional mediante la defensa del espacio digital.
-
- La creación de un marco legal que permita una gestión efectiva de la ciberseguridad.
-
- La necesidad de modificar leyes y normativas existentes para mantener la coherencia legislativa en materia de ciberseguridad.
-
- La propuesta de establecer tres organismos con competencias en ciberseguridad: el CERT-MX, la Policía Federal y el INAI.
Sin embargo, hay puntos en la iniciativa que han generado polémica y podrían considerarse peligrosos:
-
- Monitoreo del ciberespacio por parte de la SEDENA y la Secretaría de Marina: La iniciativa faculta a estas entidades para monitorear el ciberespacio con el fin de prevenir, identificar y neutralizar ciberamenazas y ciberataques. Este punto ha sido criticado por su potencial para interpretaciones que podrían afectar la privacidad y la libertad de expresión, dada la imposibilidad práctica de monitorear la totalidad del ciberespacio
- Creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad: Aunque la agencia tendría un papel crucial en la coordinación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, su amplio rango de competencias y la falta de una taxonomía detallada de amenazas y riesgos han suscitado preocupaciones sobre su eficacia y alcance.
- Vaguedad en la definición de amenazas a la seguridad nacional: La ley considera como amenazas situaciones que podrían comprometer la operación y capacidades de las infraestructuras críticas, pero no establece criterios claros para determinar qué constituye una amenaza, lo que podría incluir desde ciberataques hasta la escasez de componentes debido a la dependencia extranjera.
- Responsabilidades de los operadores de infraestructuras críticas: Aunque la ley señala la necesidad de integrar un Catálogo Nacional de Infraestructuras y establece obligaciones para los operadores, no especifica criterios de auditoría, lo que podría generar incertidumbre en su aplicación.
Estos puntos han generado debate sobre el equilibrio entre la seguridad y la protección de derechos fundamentales como la privacidad y la libertad de expresión. La preocupación principal radica en la posibilidad de que la implementación de la ley conduzca a una vigilancia excesiva y a restricciones en el uso del ciberespacio, afectando los derechos de los ciudadanos512.
Deja una respuesta