El influencer es acusado de promocionar marcas comerciales en sitios mayas protegidos
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha iniciado un procedimiento jurídico-administrativo contra el youtuber estadounidense MrBeast y su empresa Full Circle Media, tras acusarlo de violar los términos del permiso otorgado para grabar en zonas arqueológicas de Campeche y Yucatán. Según el organismo, MrBeast utilizó sitios emblemáticos como Calakmul, Chichén Itzá, Becán y Chicanná para promocionar al menos cinco marcas comerciales, entre ellas su propia línea de chocolates Feastables, así como Walmart, 7Eleven, Kroger y Albertsons.
El permiso concedido al creador de contenido era únicamente para la realización de un documental, pero el INAH sostiene que MrBeast “abusó de la buena voluntad” de las instituciones mexicanas al producir y difundir videos con fines comerciales y de lucro privado. Las autoridades subrayan que el influencer generó una producción distinta a lo autorizado, monetizando con el patrimonio cultural de la nación y utilizando los sitios arqueológicos para promocionar productos en sus plataformas digitales.
El comunicado oficial detalla que la notificación formal del proceso legal se realizó el 14 de mayo de 2025 a la empresa representante de MrBeast. El INAH enfatiza que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos prohíbe expresamente el usufructo comercial de estos bienes y que quienes incumplan pueden enfrentar sanciones que van de tres a diez años de prisión y multas de hasta 3 mil días de salario mínimo.
La Secretaría de Cultura y el INAH han reiterado que el patrimonio arqueológico mexicano es público y no puede ser explotado con fines comerciales. El caso ha generado un intenso debate en redes sociales y medios internacionales sobre los límites de la creación de contenido en espacios históricos y la protección de la herencia cultural ante intereses privados.
Mientras tanto, MrBeast ha defendido en sus redes sociales que actuó conforme a los permisos y bajo supervisión, pero las autoridades mexicanas insisten en que hubo un claro abuso y han exigido tanto el resarcimiento de daños como una retractación pública. El proceso legal sigue en curso y podría sentar un precedente para futuros acuerdos entre creadores de contenido y el Estado mexicano.
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