La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha clarificado de manera contundente que la implementación y defensa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas azucaradas, una medida que tuvo lugar durante su gestión en la Ciudad de México y que ha sido un tema de discusión a nivel federal, persigue un objetivo fundamentalmente sanitario y no meramente recaudatorio. Este gravamen se estableció con la meta primordial de desincentivar el consumo de productos que inciden directamente en el incremento de enfermedades crónicas de alto impacto, como la obesidad y la diabetes, padecimientos que imponen una considerable carga financiera y social al sistema de salud mexicano. Esta importante declaración surge en un momento crucial de debate nacional sobre las políticas de salud preventiva y el papel del Estado en la promoción del bienestar.
Sheinbaum Pardo recalcó que la esencia de esta estrategia fiscal es la reducción del consumo de refrescos y otras bebidas con elevado contenido de azúcar. Se basó en la experiencia observada en la capital del país, donde se registraron indicadores de disminución en la ingesta de estos productos tras la aplicación del impuesto. Esta política se alinea con las directrices y recomendaciones emitidas por organismos internacionales de salud, los cuales consistentemente abogan por la aplicación de impuestos a productos considerados nocivos como una herramienta efectiva para mejorar el bienestar social general. La postura de la administración federal, según las palabras de Sheinbaum, es inequívoca: la prioridad máxima es la salud pública, colocando este valor por encima de cualquier consideración puramente fiscal o de recaudación cuando se diseñan y aplican estos impuestos.
Este enfoque centrado en la salud representa una visión estratégica a largo plazo, buscando incidir en la transformación progresiva de los hábitos de consumo de la población. La líder política destacó la relevancia de que los recursos adicionales que hipotéticamente se generen a través de este impuesto sean reorientados para fortalecer programas existentes de salud y nutrición, o para financiar campañas educativas que incrementen la concientización sobre los riesgos asociados al consumo excesivo de azúcares. La discusión en torno al IEPS, por lo tanto, no se limita únicamente al aspecto tributario, sino que se extiende a la responsabilidad gubernamental de configurar entornos más saludables y a la fundamental tarea de la educación para la salud.
La adopción de este tipo de políticas fiscales ha sido una constante en la agenda de salud a nivel global. Múltiples naciones han implementado esquemas impositivos similares, observando resultados diversos pero, en general, positivos en la contención del consumo de productos dañinos y en la mejora de ciertos indicadores de salud poblacional. México, que lamentablemente ostenta una de las tasas más elevadas de obesidad infantil y adulta a nivel mundial, encuentra en estas medidas una pieza angular para confrontar una crisis de salud que impacta negativamente a millones de sus ciudadanos. La firme postura de Sheinbaum refuerza la convicción de que la política fiscal puede y debe ser una aliada estratégica en la consecución de objetivos de salud pública a gran escala.
Además, la presidenta enfatizó la imperiosa necesidad de complementar estas acciones fiscales con una serie de estrategias integrales. Entre estas se incluyen la mejora sustancial en la disponibilidad de agua potable de calidad en centros educativos y espacios públicos, el fomento activo de la actividad física a través de programas y la creación de infraestructura adecuada, así como la promoción y defensa del etiquetado frontal de advertencia. Este último, en particular, ya ha probado su eficacia al proveer información clara y concisa a los consumidores sobre los productos con altos contenidos de azúcares, grasas y sodio.
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