Ciudad de México.— En su conferencia matutina de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró el rechazo categórico del Gobierno de México a la iniciativa impulsada por congresistas republicanos en Estados Unidos que busca imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas por migrantes mexicanos. El tema fue abordado junto al secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, y el canciller Juan Ramón de la Fuente.
Sheinbaum calificó la propuesta como una forma de doble tributación y un acto de discriminación fiscal, al recordar que los recursos enviados por los connacionales ya pagan impuestos en territorio estadounidense. Se recordó que el Tratado para evitar la doble tributación, vigente desde 1994, establece que no se puede cobrar nuevamente por esos ingresos.
El secretario Amador detalló que los estados que más reciben remesas son Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México y el Estado de México, mientras que, en términos del PIB estatal, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas dependen en gran medida de estos recursos.
Por su parte, el canciller De la Fuente explicó que el embajador Esteban Moctezuma Barragán ya envió una carta formal a los integrantes del Comité de Medios y Procedimientos del Congreso estadounidense. Además, se anunció que una comisión del Senado mexicano, integrada por legisladores de todos los partidos, viajará a Washington para dialogar con sus contrapartes y defender a los migrantes mexicanos.
“La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la Presidencia de la República estamos completamente en contra de este impuesto”, afirmó la mandataria.
Estados Unidos aclara: no hay agentes operando en México
En otro punto clave de la conferencia, la presidenta Sheinbaum desmintió que agencias estadounidenses participen en operativos dentro del territorio nacional. Mostró una carta oficial enviada por la Embajada de Estados Unidos en México al periodista Ciro Gómez Leyva, en la que se aclara que no hay intervención directa de agentes norteamericanos en acciones operativas dentro del país.
Medio ambiente: Sheinbaum responde a conflictos mineros
La jefa del Ejecutivo también se refirió a los conflictos ambientales reportados en San Luis Potosí y Sinaloa por proyectos mineros y petroquímicos. Aseguró que ni el gobierno estatal ni la Federación han autorizado las obras denunciadas por comunidades ejidales.
Informó que ha instruido a la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y a la titular de SEDATU, Edna Elena Vega, para atender de inmediato ambos casos. Además, se comprometió a revisar directamente la documentación y reforzar la centralización de autorizaciones de impacto ambiental para evitar discrecionalidad a nivel estatal.
Agenda internacional y económica
Sheinbaum confirmó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará próximamente a Estados Unidos para abordar los aranceles al aluminio y la industria automotriz. Además, desestimó presiones para adelantar la revisión del T-MEC, programada para octubre de 2025.
Respecto al encuentro del canciller De la Fuente en el marco del foro CELAC-China, la mandataria explicó que se abordaron temas de innovación, ciencia y turismo, pero no comerciales, dada la inexistencia de un tratado entre ambos países.
Elección judicial y justicia social
La presidenta reiteró su llamado a participar en la elección de jueces, magistrados y ministros, y defendió la legitimidad del proceso. Afirmó que todos los organismos constitucionales deben estar al servicio del pueblo y no de élites judiciales.
Sobre temas de justicia social, anunció que este viernes se reuniría con las familias afectadas por la tragedia de la mina Pasta de Conchos y que se trasladará a Chihuahua para entregar tierras al pueblo rarámuri, como parte del Plan de Justicia. Posteriormente, iniciará el Plan de Vivienda en Baja California, incluyendo la construcción de un nuevo hospital del IMSS.
Cultura y lenguas originarias
Para cerrar la conferencia, en la sección “Suave patria”, el divulgador Bulmaro Juárez Pérez habló sobre la preservación del idioma otomí y la comunidad niañu, reafirmando el compromiso del Gobierno federal con las lenguas indígenas de México.
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