La administración federal de México ha tomado acciones inmediatas tras el lamentable siniestro ocurrido en Iztapalapa, donde la explosión de una pipa de gas LP dejó un saldo de al menos nueve personas fallecidas y cuantiosos daños materiales. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció que su gobierno está trabajando en el fortalecimiento de las regulaciones para el transporte de este combustible, una medida crucial para garantizar la seguridad de la ciudadanía y evitar futuras tragedias. Este esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Energía (Sener) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) busca actualizar y endurecer las normativas federales, especialmente aquellas que rigen a los vehículos con placa y permisos federales dedicados al traslado de gas LP.
El incidente en el Puente de la Concordia, sobre Calzada Ignacio Zaragoza, que tuvo lugar el 10 de septiembre de 2025, ha acelerado la necesidad de revisar y mejorar las condiciones de operación de los transportistas. La explosión, que ocurrió aproximadamente a las 14:20 horas tras una volcadura de la pipa, generó una fuerte reacción pública y ha puesto en el centro del debate la seguridad en el transporte de materiales peligrosos. La mandataria Sheinbaum informó que las nuevas disposiciones podrían publicarse tan pronto como la próxima semana, lo que subraya la urgencia y el compromiso de su administración con la protección civil.
Las Secretarías de Energía y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se encuentran coordinando esfuerzos para establecer nuevas reglas más estrictas. Este trabajo no solo busca prevenir accidentes similares, sino también deslindar responsabilidades en caso de futuros incidentes. La presidenta destacó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México será la encargada de realizar los peritajes necesarios para determinar las causas exactas del siniestro en Iztapalapa y establecer la responsabilidad de la empresa Transportadora Silza S.A. de C.V., filial del Grupo Tomza, involucrada en el evento. La investigación es fundamental para aplicar las sanciones correspondientes y asegurar que se cumplan las normativas de seguridad.
Además de las medidas federales, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México también está preparando acciones para incrementar la supervisión en el ámbito local. Esta iniciativa complementaria es vital, dado que el transporte de gas LP atraviesa diversas jurisdicciones, y una coordinación efectiva entre los niveles de gobierno es esencial. La colaboración busca crear un marco regulatorio más robusto que abarque tanto las operaciones federales como las locales, promoviendo una cultura de seguridad más arraigada en el sector.
El objetivo principal de estas reformas regulatorias es la salvaguarda de vidas y bienes, minimizando los riesgos asociados al traslado de combustibles. La opinión pública ha ejercido una presión considerable para que se tomen cartas en el asunto, y la pronta respuesta del gobierno federal y local demuestra una clara intención de atender estas preocupaciones. Se espera que las nuevas normativas incluyan revisiones vehiculares más rigurosas, capacitación obligatoria para los operadores y sistemas de monitoreo avanzados para las unidades de transporte.
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