La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) puso en marcha un despliegue ministerial en los 32 estados del país para atender de manera directa cualquier denuncia durante la jornada electoral del próximo 1 de junio, fecha en la que se renovarán 881 cargos del Poder Judicial y se celebrarán elecciones locales en Durango y Veracruz. Este operativo es inédito, pues por primera vez en la historia de México se elegirán ministros, magistrados y jueces mediante el voto ciudadano.
Desde este lunes y hasta el 2 de junio, agentes del Ministerio Público Federal (MPF) estarán presentes en todo el territorio nacional para prevenir, detectar, investigar y perseguir delitos electorales, como la compra o coacción del voto, uso indebido de recursos públicos, retención de credenciales de elector y cualquier otra conducta ilícita contemplada en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
La FGR informó que la presencia territorial del personal de la FISEL permitirá actuar de manera inmediata ante cualquier irregularidad. Para ello, se capacitó previamente a 6,500 servidores públicos entre ministerios públicos, peritos y policías ministeriales, quienes trabajarán en coordinación con las 32 fiscalías federales estatales y bajo el modelo de zonas implementado por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).
El operativo agrupa a las entidades federativas en cinco zonas: Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora), Noreste (Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas), Occidente (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit), Centro-Valle (CDMX, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Querétaro) y Sureste (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán).
Durante el despliegue, el personal ministerial de la FISEL también colaborará activamente con el Instituto Nacional Electoral (INE), los organismos públicos locales electorales, las fiscalías estatales, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Gobernación. El objetivo es garantizar la legalidad y transparencia del proceso electoral, así como la seguridad de los votantes y la integridad de los comicios.
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