Ernesto Ruffo seguirá proceso por presunto huachicol bajo prisión domiciliaria

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, dejará el penal federal del Altiplano y continuará su proceso penal bajo prisión domiciliaria, después de que un juez federal modificara la medida cautelar que mantenía al político recluido desde julio.

La resolución fue emitida este viernes 25 de septiembre, después de que la defensa presentara diversos argumentos relacionados con la edad y las condiciones de salud del exmandatario, quien tiene 74 años. El juez determinó que existen condiciones para que permanezca en su domicilio mientras continúa el proceso.

De acuerdo con la resolución reportada, Ruffo deberá ser trasladado en un plazo aproximado de 48 horas desde el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, hasta su vivienda en Ensenada, Baja California, donde reside desde hace más de una década.

El cambio de medida cautelar no significa que haya sido absuelto ni que termine la investigación en su contra. El exgobernador continuará sujeto al procedimiento judicial y permanecerá bajo vigilancia de elementos de la Guardia Nacional mientras se desarrolla la investigación complementaria.

Ruffo fue detenido el 16 de julio de 2026 en Ensenada como parte de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionada con una presunta red de contrabando de combustibles. Posteriormente fue trasladado al Estado de México y recluido en el Altiplano.

Días después, un juez federal lo vinculó a proceso por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. En aquel momento se le impuso prisión preventiva mientras avanzaban las investigaciones.

Las indagatorias de la FGR están relacionadas con una presunta estructura dedicada a introducir y comercializar combustible de manera irregular. Ruffo ha sido vinculado por las autoridades con Ingemar, S.A. de C.V., empresa investigada por posibles irregularidades en la importación de hidrocarburos.

El propio exgobernador había rechazado previamente las acusaciones relacionadas con la empresa y sostuvo, antes de su detención, que los señalamientos en su contra tenían motivaciones políticas. Su familia también ha pedido públicamente respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

Ruffo gobernó Baja California entre 1989 y 1995 y se convirtió en el primer gobernador emanado de un partido de oposición en la etapa contemporánea de México, tras ganar la elección estatal como candidato del Partido Acción Nacional (PAN).

Ahora, el proceso continuará desde Ensenada. La modificación de la medida cautelar cambia las condiciones en las que Ruffo enfrentará el procedimiento judicial, pero las acusaciones deberán seguir siendo analizadas ante los tribunales y su responsabilidad penal no ha sido determinada mediante sentencia.

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