El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional que busca combatir la extorsión de manera más efectiva en todo el país. Esta propuesta se presentó el 8 de julio de 2025 como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, una respuesta directa a que este delito es el único que no ha logrado disminuir en los últimos años, lo que representa una amenaza creciente para la seguridad y el patrimonio de millones de mexicanos.
La iniciativa plantea facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General contra la Extorsión que unifique y homogeneice los tipos penales, sanciones y procedimientos en todos los estados de la República. Esto permitirá que la extorsión sea perseguida de oficio, es decir, sin necesidad de que la víctima presente una denuncia formal, lo cual es clave para superar la subnotificación y proteger a quienes temen represalias. Además, se plantea que la víctima del delito sea considerada formalmente como el Estado, asumiendo así el gobierno la responsabilidad total de proteger a víctimas, testigos y ofendidos.
El proyecto de reforma incluye la definición de un tipo penal único con agravantes y delitos vinculados, además de mecanismos claros para prevenir, investigar, perseguir y sancionar la extorsión. Se busca también el desarrollo de políticas públicas coordinadas entre la Federación y las entidades federativas, impulsando el uso de tecnologías y sistemas de inteligencia informática para mejorar la eficacia de las investigaciones y operativos. La reforma contempla la creación de unidades especializadas para la atención y combate de este delito, así como protocolos específicos para la atención a víctimas y campañas nacionales de prevención.
Durante la presentación, la presidenta Sheinbaum y su gabinete de seguridad enfatizaron que la extorsión afecta no solo la seguridad física y patrimonial, sino también la esfera emocional y psicológica de las personas, dañando tejidos sociales y la economía familiar. Asimismo, el plan incluye acciones para frenar extorsiones originadas desde centros penitenciarios, congelar cuentas bancarias vinculadas al cobro de extorsiones y bloquear líneas telefónicas utilizadas para delinquir, con la participación activa de la Unidad de Inteligencia Financiera y otras autoridades.
La propuesta enviada a la Comisión Permanente y que será analizada por la Cámara de Diputados busca establecer un marco legal sólido que permita al Estado actuar con mayor contundencia y eficacia frente a este delito de alto impacto social. La armonización legislativa es una respuesta al reconocimiento de que las medidas actuales han sido insuficientes y que la coordinación entre niveles de gobierno es fundamental para proteger a miles de familias mexicanas que día a día enfrentan esta amenaza.
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