La Cámara de Diputados dio luz verde a una reforma constitucional que plantea que quienes busquen convertirse en presidente de México, gobernador de un estado o jefe de Gobierno de la Ciudad de México tengan únicamente la nacionalidad mexicana. El proyecto fue enviado al Senado para continuar con su proceso legislativo.
La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. En caso de contar con una segunda nacionalidad, la persona interesada deberá renunciar formalmente a ella antes de solicitar su registro como candidata a alguno de estos cargos.
Después de un debate que se prolongó por casi 11 horas, la reforma fue aprobada en lo particular con 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención. Morena, PT y Partido Verde respaldaron el proyecto, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra.
El cambio no solamente contempla el momento de la candidatura. El dictamen establece que, durante el ejercicio del cargo, el presidente, los gobernadores y el jefe de Gobierno capitalino no podrán adquirir, solicitar, invocar o hacer valer otra nacionalidad distinta a la mexicana.
La restricción no se extendería a todos los cargos de elección popular. Diputaciones federales y locales, senadurías, presidencias municipales y regidurías quedarían fuera de este nuevo requisito, de acuerdo con el alcance aprobado por la Cámara de Diputados.
Uno de los principales argumentos de Morena y sus aliados es que quienes encabecen los poderes ejecutivos deben mantener un “vínculo jurídico y político exclusivo” con México. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy, sostuvo durante la discusión que la modificación busca evitar posibles conflictos derivados de vínculos jurídicos con otro Estado.
Desde la oposición, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron la reforma al considerar que podría limitar los derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad, particularmente de quienes viven en el extranjero. Legisladores del PAN también plantearon dificultades prácticas para renunciar a determinadas nacionalidades, debido a que el procedimiento depende de las autoridades de cada país.
Otro punto importante es que la modificación no entraría en vigor inmediatamente. El dictamen establece que los nuevos requisitos comenzarían a aplicarse a partir del proceso electoral de 2028, por lo que no afectarían a quienes actualmente ocupan la Presidencia, gubernaturas o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La reforma todavía no forma parte de la Constitución. Al tratarse de una modificación constitucional, deberá ser aprobada por el Senado de la República y posteriormente obtener el respaldo de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, como establece el artículo 135 constitucional.
Con su aprobación en San Lázaro, el debate sobre la doble nacionalidad se traslada ahora al Senado, donde continuará la discusión sobre el equilibrio entre soberanía, requisitos para ocupar cargos ejecutivos y derechos políticos de los mexicanos que cuentan con otra nacionalidad.
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