La Cámara de Diputados aprobó anoche en lo general una reforma constitucional clave que busca recuperar el papel de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas públicas del Estado. Con 353 votos a favor y 122 en contra, Morena y sus aliados lograron avanzar esta iniciativa que también establece el carácter preponderante de la empresa eléctrica frente a las privadas en el mercado nacional.
La reforma, descrita como una reversión de los cambios implementados en 2013 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, busca limitar la participación privada en el sector eléctrico al 46%, reservando el 54% restante exclusivamente para la CFE. Este movimiento legislativo ha generado un intenso debate entre los partidarios del gobierno y la oposición, quienes argumentan sobre los posibles impactos económicos y operativos de estos cambios.
Durante la discusión, surgieron preocupaciones sobre los derechos adquiridos de inversiones privadas y los potenciales costos fiscales asociados con el cambio de estatus de Pemex y CFE. La oposición, principalmente PAN y PRI, advirtió sobre las implicaciones financieras, mencionando específicamente la deuda de Pemex, que según sus cálculos asciende a 101 mil millones de dólares. Sin embargo, representantes de la coalición gobernante, como el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, argumentaron que la deuda de Pemex ha disminuido desde 2018 y que la reforma de 2013 habría permitido que intereses extranjeros se apoderaran de activos valiosos de la empresa.
La diputada Gricelda Valencia de la Mora defendió la reforma, afirmando que no es un ataque al capital privado, sino una oportunidad para equilibrar el mercado y permitir que las empresas públicas compitan en igualdad de condiciones. Esta postura refleja el argumento central del gobierno de que la reforma es necesaria para proteger los intereses nacionales en sectores estratégicos.
El debate no estuvo exento de momentos tensos, como cuando la presidenta de la Comisión de Energía, Rocío Abreu, fue cuestionada por su apoyo previo a la reforma de 2013. Estos intercambios subrayan las profundas divisiones políticas en torno a la dirección de la política energética de México y las implicaciones a largo plazo de estos cambios constitucionales.
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