La Cámara de Diputados aprobó el pasado 14 de octubre de 2025, con una votación de 345 a favor, 131 en contra y tres abstenciones, una reforma crucial a la Ley de Amparo que incluye modificaciones significativas en su artículo Tercero Transitorio. Esta decisión, que se prolongó en intensos debates hasta la madrugada del 15 de octubre, representa un paso fundamental en la legislación mexicana, redefiniendo la aplicación temporal de la normativa en juicios en curso y la capacidad de suspender actos de autoridad. El dictamen, ahora con enmiendas, ha sido devuelto al Senado para su revisión final, marcando un momento de profunda discusión sobre la justicia en México y la protección de derechos fundamentales.
El punto central de la controversia y la reforma radica en el artículo Tercero Transitorio, el cual busca establecer un marco claro sobre la aplicación de la nueva ley en procesos judiciales ya iniciados. Originalmente, el Senado había planteado una redacción que abría la puerta a la retroactividad, lo que generó un intenso debate y la solicitud de una corrección por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La versión aprobada por los Diputados, influenciada por una propuesta del ministro en retiro Arturo Zaldívar y promovida por el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, estipula que las etapas procesales concluidas se regirán por la legislación vigente al inicio del proceso, mientras que las actuaciones posteriores se ajustarán a la nueva ley. Esta formulación busca evitar la **retroactividad** de la ley y, según sus defensores, garantizar la certeza jurídica sin afectar derechos adquiridos.
Los promotores de la reforma, principalmente de la bancada de Morena y sus aliados, argumentan que estas modificaciones son necesarias para modernizar el sistema judicial y evitar el uso indiscriminado del amparo por parte de grandes corporaciones o deudores fiscales. Se sostiene que el amparo, en ocasiones, ha sido utilizado para evadir obligaciones o retrasar procesos judiciales durante años, afectando la operación de proyectos de infraestructura y programas prioritarios. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, defendió la reforma como un mecanismo para asegurar que los poderosos paguen lo justo y para terminar con el abuso del juicio de amparo.
No obstante, la oposición, conformada por legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, ha expresado serias preocupaciones sobre el alcance de estos cambios. Han advertido que la reforma podría debilitar el acceso a la justicia y limitar la efectividad del juicio de amparo como un instrumento esencial para la defensa ciudadana. Las críticas se enfocan en la potencial restricción de la capacidad de los jueces para otorgar suspensiones, lo que, según ellos, pone en riesgo la independencia del Poder Judicial y los derechos humanos. La oposición calificó la modificación al transitorio como una “trampa jurídica” que podría interpretarse como una aplicación retroactiva de la ley.
Entre las principales características de la reforma se encuentra el reconocimiento del interés legítimo, individual o colectivo, la implementación de juicios en línea, la ampliación de plazos procesales para dictar sentencia y la regulación de suspensiones en materia fiscal y bancaria. Estos ajustes buscan hacer el juicio de amparo más ágil y digital, pero la controversia sobre la aplicación temporal y las limitaciones a las suspensiones sigue siendo el eje del debate legislativo.
Ahora, el dictamen regresará a la Cámara de Senadores, donde se espera una nueva ronda de discusiones y votaciones. La expectativa es alta, ya que los senadores deberán evaluar si ratifican los cambios realizados por los Diputados o si proponen nuevas modificaciones.
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