La Cámara de Diputados aprobó en lo general una amplia reforma a la Ley General de Salud que incluye la prohibición total de los vapeadores y su publicidad, así como cambios de fondo en la política de medicamentos e insumos sanitarios. El dictamen, enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue avalado tras poco más de tres horas de discusión con 324 votos a favor de Morena y sus aliados, y 129 en contra del PRI, PAN y MC, en medio de acusaciones de la oposición sobre un enfoque “prohibicionista” y punitivo.
Uno de los puntos más controvertidos fue la supuesta criminalización de los consumidores de cigarrillos electrónicos, pues legisladores opositores advirtieron que el texto podría permitir penas de hasta ocho años de cárcel a quien adquiera o posea vapeadores. El bloque mayoritario respondió que presentará una reserva para dejar explícito que las sanciones se dirigirán únicamente a quienes los produzcan, importen, almacenen o vendan con fines de lucro, y no al usuario final. Morena sostuvo que esta precisión es necesaria para evitar interpretaciones erróneas y garantizar que la sanción sea proporcional.
El presidente de la Comisión de Salud, Pedro Zenteno Santaella, defendió la iniciativa señalando que busca “proteger a la niñez y juventud” frente a productos nocivos que han aprovechado vacíos regulatorios con diseños atractivos y publicidad engañosa dirigida a menores. Enfatizó que la reforma prohíbe de manera absoluta la producción, comercialización, importación y publicidad de vapeadores y cigarrillos electrónicos, al considerar que pueden causar daños iguales o mayores a los productos tradicionales de tabaco. De acuerdo con el dictamen, las penas previstas para quienes lucren con estos dispositivos van de uno a ocho años de prisión y multas que irían de aproximadamente 11 mil a 226 mil pesos.
Zenteno recordó que la reforma no se limita a los vapeadores: también fortalece la compra consolidada de medicamentos e insumos sanitarios, amplía las facultades de Cofepris, incentiva la producción nacional de fármacos, reconoce la salud digital y plantea un plan maestro de infraestructura en salud. Asimismo, contempla el aprovechamiento estratégico de plasma residual para producir hemoderivados, la actualización y control de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, y mayor transparencia en el manejo de recursos del Fondo de Salud para el Bienestar, así como un papel más fuerte para la Conamed en la atención de quejas médicas.
Desde la oposición, la emecista Irais Reyes calificó la reforma como “la más prohibicionista y autoritaria en décadas”, al asegurar que criminaliza toda la cadena vinculada a los vapeadores y podría castigarla con mayor severidad que delitos como agresiones contra mujeres, difusión no consentida de contenido íntimo o la venta de armas sin licencia. Advirtió que la prohibición absoluta alimentará el mercado negro y fortalecerá al crimen organizado, al trasladar la distribución de cigarrillos electrónicos a manos de los cárteles. Otros legisladores, como Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) y Mónica Elizabeth Sandoval (PRI), cuestionaron el tamaño y la falta de deliberación técnica del dictamen —más de 150 artículos modificados y 829 páginas— y acusaron a la mayoría de minimizar el debate en un contexto de gasto en salud que, dijeron, sigue por debajo de las recomendaciones internacionales.
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