La Cámara de Diputados aprobó este 1 de julio de 2025 la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, un paso histórico que transforma el marco normativo del sector en México. Con 369 votos a favor, 104 en contra y 3 abstenciones, el proyecto que deroga la ley vigente desde 2014 quedó listo para su promulgación, tras una intensa sesión en San Lázaro donde se discutieron sus implicaciones y detalles técnicos. Esta aprobación marca el inicio de una nueva etapa para las telecomunicaciones en el país, con importantes cambios en la regulación y supervisión de los servicios y los derechos de los usuarios.
La nueva ley consta de 299 artículos y 32 disposiciones transitorias, y establece la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), un órgano desconcentrado encargado de fiscalizar y otorgar concesiones en el sector. Este organismo sustituye al extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y contará con cinco integrantes nombrados por la Presidencia y ratificados por el Senado. Además, se reestructura la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones con nuevas facultades para impulsar el desarrollo tecnológico y la cobertura universal en radiodifusión y servicios satelitales, bajo una visión de mayor eficiencia y equidad.
Entre los aspectos más relevantes de la ley destaca la ratificación del espectro radioeléctrico y los recursos orbitales como bienes públicos de la nación, asegurando su administración responsable y evitando su concentración en manos de unos pocos actores. La normatividad también redefine los esquemas para concesiones, segmentándolas en comercial, público, social y privado, lo que busca garantizar la competencia y prevenir monopolios. Asimismo, se reconocen y protegen los derechos de los usuarios y audiencias, incluyendo a poblaciones vulnerables, fortaleciendo el acceso y la calidad de los servicios.
El debate legislativo que antecedió la votación final estuvo marcado por posturas encontradas. Morena, el PVEM y el PT conformaron el bloque mayoritario que respaldó el proyecto, mientras que la oposición representada por PAN y PRI manifestó su rechazo, especialmente por temas relacionados con geolocalización y transparencia en la suspensión de transmisiones. A pesar de las críticas, la mayoría destacó la importancia de actualizar la regulación para responder a las nuevas demandas tecnológicas y sociales, eliminando al IFT y creando instituciones con autonomía técnica que velen por el interés público.
La nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión representa un cambio estructural en la política digital y de medios en México. Su promulgación permitirá modernizar el marco legal, promover una competencia justa y ampliar la cobertura de servicios digitales esenciales para la población. Con esta reforma, el país avanza hacia una regulación que pretende ser más eficiente, inclusiva y orientada a preservar los derechos de los usuarios en un entorno cada vez más conectado y digitalizado.
Es clave que la sociedad civil, los usuarios y las empresas se mantengan atentos al proceso de implementación de esta ley, ya que definirá la forma en que se proporcionarán y regularán los servicios de telecomunicaciones en México en los próximos años. La participación informada y el monitoreo constante serán fundamentales para asegurar que los beneficios de la reforma se traduzcan en mejores servicios y mayor transparencia en el sector.
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