La investigación por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, dio un giro significativo con la detención de sus siete escoltas, quienes fueron aprehendidos por fuerzas federales y estatales en la Casa de la Cultura del ayuntamiento. Las órdenes de detención, ejecutadas con el apoyo de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado, se suman a las acciones recientes tras el homicidio ocurrido el pasado 1 de noviembre, durante un evento público en el centro de la ciudad.
La Fiscalía informó que los escoltas son investigados por su presunta implicación, no solo por la protección ineficiente al alcalde sino también por la muerte de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, el joven de 17 años que disparó contra Manzo. Vidales fue abatido segundos después del atentado, pese a haber sido desarmado y sometido, situación que ha generado sospechas sobre el proceder de los elementos encargados de la seguridad personal del edil.
Este caso se complica aún más con el arresto de Jorge Armando Gómez Sánchez, alias “El Licenciado”, identificado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, como autor intelectual del crimen y operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región. “El Licenciado”, capturado en Morelia, fue trasladado al penal de máxima seguridad de El Altiplano, luego de que las investigaciones comprobaran su papel en la logística y coordinación del atentado contra Manzo Rodríguez.
Cabe recordar que tras el asesinato del edil, dos cómplices del joven tirador —Diego “N” y Ramiro “N”— fueron encontrados sin vida días después, posibles víctimas de una estrategia para encubrir la planeación y ejecución del crimen, mientras la Fiscalía estatal advierte que la red de responsables podría ser aún mayor. El fiscal general, Carlos Torres Piña, ha señalado que la trama involucra tanto a participantes materiales como intelectuales, y que se anticipan más detenciones a corto plazo.
El caso ha conmocionado a Michoacán y al país, evidenciando los riesgos a los que se enfrentan los funcionarios locales ante el crimen organizado, así como la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección y depuración policial. El asesinato, la respuesta de sus escoltas y la infiltración criminal en torno al municipio, mantienen el caso en el centro de la atención mediática y judicial.
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