El Gobierno de México logró un golpe contundente en la lucha contra el huachicol al desmantelar una red criminal dedicada al robo y venta ilegal de hidrocarburos. El operativo, realizado entre el domingo 29 y lunes 30 de junio de 2025, permitió la detención de 32 personas implicadas, incluidos los principales líderes del grupo, en un esfuerzo conjunto de las autoridades federales y estatales en la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro e Hidalgo. Esta acción representa un paso fundamental para combatir este delito que genera pérdidas millonarias al país y afecta la seguridad energética nacional.
Después de seis meses de investigaciones, el gabinete de seguridad federal coordinó un operativo simultáneo con 12 cateos en distintos municipios como Ixtlahuaca, Polotitlán, Huehuetoca, Jilotepec, Tlalpan y Querétaro. El grupo criminal se dedicaba a perforar ductos de Pemex para extraer gasolina y gas LP, almacenarlos en bodegas y distribuirlos ilegalmente a una red de gasolineras y clientes particulares. Entre los detenidos destacan Cirio Sergio Rebollo Mendoza y Luis Miguel, alias “El Flaco de Oro”, líderes de la organización que operaba con protección de autoridades en varios niveles, según las investigaciones oficiales.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la red contaba con vínculos para la elaboración de documentos falsos y mantenía comunicación con funcionarios locales, lo que facilitaba sus operaciones ilícitas. Además, durante el operativo se aseguró una gran cantidad de maquinaria y vehículos de lujo vinculados a la organización, incluyendo 21 tractocamiones, 14 semirremolques, ocho camiones cisterna, un tanque estacionario de 27 metros y 48 vehículos, entre ellos carros blindados. También se incautaron bienes que serán sometidos a procesos legales de extinción de dominio.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, puntualizó que esta acción no solo afecta las finanzas y capacidades logísticas del grupo criminal, sino que también reafirma el compromiso del gobierno contra la impunidad que ha permitido la proliferación del huachicol. Las investigaciones continúan para identificar posibles servidores públicos coludidos, aún sin revelar los nombres o cargos específicos, a fin de garantizar una depuración institucional efectiva.
Este operativo representa un avance significativo en la batalla contra el robo de hidrocarburos, que se estima causa al Estado mexicano un daño económico anual de alrededor de 177,000 millones de pesos, equivalentes a más de 9,200 millones de dólares. La destrucción de esta red nacional evidencia la voluntad gubernamental para erradicar estas prácticas ilícitas que afectan la economía, la seguridad y el bienestar social del país.
Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para denunciar actividades sospechosas relacionadas con el huachicol y colaborar en la construcción de un México más seguro y justo, libre de la influencia de grupos criminales que actúan al margen de la ley. Este caso marca un precedente en la lucha contra el robo de combustibles, enviando un mensaje claro a quienes pretenden lucrar con recursos estratégicos y poniendo los cimientos para operaciones futuras de mayor alcance y eficacia.
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