La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó este miércoles 19 de agosto la renuncia de Mónica Aralí Soto Fregoso como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en medio de un debate entre el oficialismo y la oposición sobre si su decisión cumple con el requisito constitucional de una “causa grave”.
La separación del cargo fue avalada con 26 votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones. Morena, PT y PVEM respaldaron la solicitud, mientras legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron las razones expuestas por Soto para concluir anticipadamente su etapa en el Tribunal. Su renuncia tendrá efectos a partir del 31 de agosto de 2026.
La controversia surgió porque la Constitución establece que las renuncias de integrantes de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral “solamente procederán por causas graves” y deben ser aprobadas por la mayoría de los miembros presentes del Senado o, durante sus recesos, por la Comisión Permanente.
Mónica Soto había explicado que su decisión responde al cierre de un ciclo profesional y a compromisos familiares, luego de más de tres décadas de trayectoria en materia electoral. Sin embargo, legisladores opositores argumentaron que esas razones no acreditan por sí mismas la gravedad prevista en el texto constitucional.
Desde Movimiento Ciudadano, el diputado Gibrán Ramírez Reyes sostuvo que la renuncia no podía tratarse como un simple procedimiento administrativo. Criticó que la magistrada haya señalado únicamente que desea cerrar una etapa profesional y recordó que su nombramiento está vinculado con responsabilidades constitucionales dentro de la máxima autoridad jurisdiccional electoral del país.
La priista Carolina Viggiano también cuestionó la decisión y advirtió que la nueva vacante podría debilitar la integración de la Sala Superior en vísperas del proceso electoral de 2027. Además, lanzó críticas sobre resoluciones adoptadas durante la etapa en que Soto encabezó el Tribunal, particularmente aquellas relacionadas con la elección judicial y la integración del Congreso.
En contraste, legisladores de Morena y sus aliados defendieron que Soto tiene derecho a separarse del cargo. El senador morenista Cuauhtémoc Ochoa sostuvo que no corresponde al Poder Legislativo mantener a una persona en funciones contra su voluntad y aseguró que la salida de la magistrada no impedirá que el Tribunal continúe tomando decisiones.
El senador del PVEM Jorge Carlos Ramírez Marín respaldó igualmente la renuncia y afirmó que Soto tiene derecho a concluir su trayectoria después de aproximadamente una década en la Sala Superior. El legislador defendió además su desempeño y señaló que sus resoluciones involucraron a fuerzas políticas de distintos signos.
La salida de Soto dejará al máximo órgano jurisdiccional electoral con cinco de las siete magistraturas que integran la Sala Superior. La otra vacante corresponde a la salida de Janine Otálora, por lo que el Tribunal llegará con una integración incompleta al arranque del proceso electoral de 2027, previsto para comenzar en unas semanas.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, consideró que el TEPJF debería contar con su integración completa para otorgar certeza de cara a las próximas elecciones. Sostuvo que los ciudadanos necesitan un Tribunal con integrantes a quienes pueda exigirse legalidad, transparencia y apego a la Constitución.
Mónica Soto forma parte de la Sala Superior desde noviembre de 2016 y presidió el Tribunal Electoral del 1 de enero de 2024 al 31 de octubre de 2025. El propio TEPJF reconoce que cuenta con más de tres décadas de experiencia en materia electoral, incluidas funciones jurisdiccionales y administrativas.
Con la aprobación legislativa, su último día como magistrada será el próximo 31 de agosto. La discusión, sin embargo, dejó abierto un debate político y jurídico sobre el alcance del concepto de “causa grave” previsto en la Constitución y sobre las consecuencias de que la Sala Superior opere con dos espacios vacantes en vísperas de un nuevo proceso electoral.
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