La Fiscalía General de la República (FGR) presentó su primer informe técnico sobre el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde se encontraron restos humanos y crematorios clandestinos. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, destacó graves omisiones por parte de la Fiscalía de Jalisco durante su intervención en septiembre de 2024.
Entre las irregularidades mencionadas se encuentran la falta de registro y análisis de prendas y calzado encontrados, el incumplimiento en la inspección exhaustiva del lugar, y la ausencia de identificación de huellas dactilares. Además, no se procesaron los vehículos hallados, de los cuales tres ya han sido robados. La FGR también cuestionó la falta de intervención inmediata por delitos graves como la posesión de armas de alto calibre y delincuencia organizada.
Gertz Manero señaló que, a seis meses de la intervención inicial, la Fiscalía de Jalisco aún no tiene un dictamen definitivo sobre la antigüedad e identidad de los restos humanos, ni análisis que vinculen las zanjas con actividades crematorias. También se criticó la falta de investigación sobre posibles vínculos entre autoridades locales y grupos delictivos, pese a testimonios que sugieren el uso del rancho como campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El fiscal general informó que algunas identificaciones encontradas pertenecen a sicarios detenidos en otros estados, lo que refuerza la sospecha de que el rancho fue utilizado para actividades criminales. Además, se denunció que el inmueble quedó abandonado y sin protección después de ser asegurado, lo que facilitó el robo de evidencia.
La FGR solicitó a la Fiscalía de Jalisco que entregue todos los peritajes y actuaciones relacionadas con el caso para profundizar en la investigación y esclarecer los hechos. Este caso ha generado un gran impacto nacional y ha puesto en relieve la necesidad de mejorar la coordinación entre autoridades federales y estatales para combatir la delincuencia organizada.
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