Después de casi dos décadas de prisión sin una sentencia definitiva, Israel Vallarta fue liberado tras una orden judicial emitida por la jueza Mariana Vieyra Valdez, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en Toluca. Vallarta estuvo acusado de delitos graves como secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y privación ilegal de la libertad, sin embargo, el sistema judicial mexicano no pudo acreditar su responsabilidad en estos cargos durante todo el proceso legal.
Israel Vallarta fue detenido el 8 de diciembre de 2005 junto con Florence Cassez, durante un operativo escenificado y transmitido en vivo por la Agencia Federal de Investigación, dependencia que posteriormente enfrentó diversas denuncias por prácticas ilegales. Este montaje mediático afectó la presunción de inocencia en ambos casos, por lo que Cassez fue liberada en 2013 tras un amparo por violaciones al debido proceso, mientras Vallarta permaneció encarcelado sin sentencia durante años.
La prolongada detención sin sentencia provocó la intervención de organismos nacionales e internacionales. La Defensoría Pública solicitó modificar la medida cautelar para Vallarta debido al deterioro de su salud en la prisión de máxima seguridad Almoloya de Juárez. A su vez, el Comité contra la Tortura de la ONU emitió medidas provisionales en 2023 y las amplió en 2024, reconociendo las irregularidades y la falta de garantías procesales en su caso.
La resolución absolutoria emitida por la jueza destaca que no existieron pruebas suficientes para sostener la acusación contra Vallarta, lo que refleja las deficiencias del sistema de justicia mexicano para garantizar un proceso justo y rápido. La liberación de Vallarta visibiliza los problemas del uso abusivo de la prisión preventiva y la fabricación de culpables, aspectos que han sido señalados tanto por organismos de derechos humanos como por la sociedad civil.
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