La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en lo general, la reforma para eliminar las llamadas “pensiones doradas” de exservidores públicos de organismos descentralizados y empresas del Estado, en una votación que reunió 458 votos a favor. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, reforma el artículo 127 constitucional y abre un nuevo frente en la discusión sobre privilegios, austeridad y derechos adquiridos.
El eje de la reforma es poner un límite a las jubilaciones y pensiones de ciertos exfuncionarios, para que no rebasen la mitad de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo federal. En la discusión pública del tema se ha señalado que el objetivo es frenar retiros que hoy alcanzan montos muy por encima del promedio nacional, e incluso casos millonarios en el sector público.
Desde la mayoría legislativa, el argumento fue que la medida no busca eliminar derechos laborales legítimos, sino cerrar el paso a beneficios que consideran excesivos y que, sostienen, profundizan la desigualdad dentro del propio aparato gubernamental. La narrativa oficial apuesta por vender la reforma como un acto de justicia administrativa y de coherencia con la política de austeridad republicana.
Pero afuera del recinto la tensión fue otra. Mientras avanzaba la sesión en San Lázaro, jubilados de CFE y Pemex protestaron contra la reforma e incluso intentaron ingresar para frenar su aprobación, al considerar que puede afectar prestaciones ya consolidadas. El tema encendió alertas porque uno de los puntos más controvertidos es la posible aplicación retroactiva del nuevo tope.
Ahí está el verdadero choque político: mientras Morena y sus aliados insisten en que se acabaron los privilegios, la oposición y sectores sindicales advierten que no todo puede meterse en el mismo saco. Para sus críticos, una cosa es terminar con los abusos y otra muy distinta abrir la puerta a litigios por afectar derechos adquiridos de trabajadores jubilados.
Por ahora, la reforma ya superó su primera gran prueba, pero todavía falta la discusión en lo particular, donde se esperan reservas y ajustes. Lo que está claro es que el tema ya prendió en la conversación pública: dinero público, pensiones millonarias, protesta social y disputa constitucional en una sola discusión.
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