La Cámara de Diputados aprobó en lo general la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el proceso de elección de ministros, jueces y magistrados, así como la creación de nuevas instituciones como parte de una reforma al Poder Judicial. Con 336 votos a favor y 123 en contra, la Cámara Baja dio luz verde a las reglas secundarias avaladas recientemente por el Senado. Se espera que antes del 16 de octubre, la Cámara Alta convoque a una elección extraordinaria que se celebrará a mediados de 2025 para elegir a los nuevos impartidores de justicia.
Esta reforma, aprobada en septiembre por un Congreso de mayoría oficialista, establece la elección por voto popular de los juzgadores. Aunque ha sido presentada como una democratización del sistema judicial, ha generado inquietud entre inversionistas y mercados locales, quienes temen que pueda politizar la justicia y afectar el equilibrio de poderes. El cambio implica que el 1 de junio del próximo año se realicen elecciones para reemplazar a todos los ministros de la Suprema Corte, que pasará de 11 a nueve integrantes, así como otros cargos judiciales.
El oficialismo defiende la reforma argumentando que es necesaria para transformar un sistema judicial que «no está al servicio del pueblo» y que responde a intereses ajenos al bienestar ciudadano. El diputado Hugo Flores del Partido Encuentro Solidario (PES) destacó que esta medida busca dar poder a la ciudadanía para decidir quiénes formarán parte del Poder Judicial mediante elecciones populares. Sin embargo, críticos como Rubén Moreira del PRI han calificado la reforma como una «venganza» política que podría debilitar instituciones valiosas.
La reforma también ha despertado preocupaciones internacionales. La embajada de Estados Unidos en México ha advertido sobre los riesgos que este cambio podría representar para la democracia y el acuerdo comercial T-MEC. Además, organizaciones especializadas y colegios de abogados han manifestado su rechazo, argumentando que podría comprometer la independencia judicial y llevar a una selección política más que meritocrática.
En medio del debate, la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) se declaró competente para evaluar si esta reforma afecta la autonomía del Poder Judicial y el principio de división de poderes.
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