La Cámara de Diputados de México ha dado un paso significativo en la lucha contra la evasión fiscal y las operaciones fraudulentas al aprobar, el 16 de octubre de 2025, reformas cruciales al Código Fiscal de la Federación. Con una votación de 335 a favor y 122 en contra, el dictamen fue enviado al Senado de la República para su ratificación, marcando un hito en la política económica del país. Esta iniciativa, que forma parte de un paquete fiscal más amplio para el ejercicio 2026, busca fortalecer las herramientas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para detectar y sancionar a las empresas fachada y a aquellos que emiten comprobantes fiscales falsos. La medida se enfoca en incrementar la recaudación y asegurar la equidad contributiva, respondiendo a una necesidad apremiante de modernizar los mecanismos de supervisión.
Los cambios aprobados están diseñados para dotar al SAT de mayores facultades, permitiéndole una intervención más expedita y efectiva frente a las prácticas evasoras. Entre las disposiciones clave se encuentra la capacidad de la autoridad para suspender la emisión de comprobantes fiscales digitales desde el inicio de una irregularidad detectada. Los contribuyentes afectados dispondrán de un plazo de 30 días para corregir su situación fiscal, un periodo considerado por las autoridades como suficiente para subsanar errores sin comprometer la operatividad. Asimismo, se establecen límites de tiempo para las visitas domiciliarias y la resolución de casos, fijando un máximo de 24 días hábiles, lo que busca agilizar los procesos y reducir la incertidumbre para los contribuyentes genuinos.
El objetivo primordial de estas reformas es desmantelar las complejas redes de defraudación fiscal que operan a través de empresas que simulan operaciones comerciales. Se pone especial énfasis en sectores estratégicos, como el de hidrocarburos, donde la evasión ha representado una fuga considerable de recursos para el erario público. Además, el paquete fiscal introduce nuevas obligaciones para las plataformas digitales, exigiéndoles mayor transparencia en el intercambio de información y en la retención de impuestos como el ISR y el IVA. Estas acciones coordinadas pretenden crear un ecosistema fiscal más robusto y menos permeable a las prácticas ilícitas, garantizando que todos los actores económicos cumplan con sus obligaciones.
A pesar de la aprobación mayoritaria, el dictamen generó un intenso debate y fuertes críticas por parte de la oposición. Legisladores del PRI y del PAN expresaron su preocupación, argumentando que las reformas podrían “criminalizar al contribuyente” por errores sencillos y que, en lugar de combatir eficazmente a los grandes evasores con conexiones políticas, podrían dar lugar a un “terrorismo fiscal”. Señalaron que el código propuesto es “espía y confiscatorio”, y que no profesionaliza al SAT, sino que se enfoca en la intimidación. Estas voces disidentes subrayan la importancia de encontrar un equilibrio entre el fortalecimiento de la recaudación y la protección de los derechos de los contribuyentes, evitando la creación de un ambiente de desconfianza.
Estas modificaciones al Código Fiscal de la Federación se enmarcan en un paquete económico más amplio para el año 2026, que incluye ajustes a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la Ley Federal de Derechos (LFD) y la Ley de Ingresos de la Federación (LIF). El conjunto de estas reformas busca no solo tapar los huecos por donde se fuga la riqueza nacional, sino también adecuar el marco normativo a las realidades económicas y tecnológicas actuales. La modernización fiscal es vista como un pilar fundamental para el desarrollo sostenible del país, permitiendo al gobierno disponer de los recursos necesarios para inversión pública y programas sociales, beneficiando directamente a la población.
Deja una respuesta