Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa exigieron que el proceso penal contra el exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero llegue hasta sus últimas consecuencias y advirtieron que no aceptarán que su reciente detención termine convertida en una “simulación” de justicia.
Mientras el exmandatario comparecía nuevamente este martes 11 de agosto ante un juez federal, familiares de los normalistas realizaron un acto en Chilpancingo para exigir su vinculación a proceso y que permanezca en prisión mientras se esclarece su presunta responsabilidad en la desaparición de evidencias del caso.
“Con su detención no queremos simulación, no queremos engaños, queremos la verdad y castigo a todos los responsables”, expresó Melitón Ortega, vocero de las familias, quien sostuvo que Aguirre debe aportar la información que tenga sobre lo ocurrido durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
La principal acusación de la Fiscalía General de la República se relaciona con la presunta desaparición de grabaciones obtenidas por cámaras instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala, material que habría captado parte de los movimientos de los estudiantes y de las corporaciones que intervinieron aquella noche.
Según la FGR, un DVD contenía imágenes en las que presuntamente podía observarse a un grupo de normalistas sometidos, con las manos sobre la cabeza, mientras eran vigilados por policías y hombres armados. Las grabaciones también habrían registrado el desplazamiento posterior de un autobús escoltado por patrullas y vehículos con personas armadas.
La Fiscalía sostiene que Aguirre habría recibido ese material y posteriormente habría dado instrucciones para hacerlo desaparecer. Además, los nuevos testimonios incorporados a la investigación señalan que integrantes de su gabinete y funcionarios del Poder Judicial de Guerrero pudieron participar en la eliminación de las evidencias. Estas acusaciones deberán ser acreditadas ante el juez.
Cristina Bautista, madre del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, pidió que el exgobernador permanezca encarcelado y entregue toda la información que pueda contribuir a localizar a los estudiantes. Para las familias, señaló, el objetivo principal continúa siendo saber dónde están sus hijos y qué ocurrió con ellos.
Aguirre fue detenido el pasado 6 de agosto y permanece bajo prisión preventiva en el penal federal del Altiplano. Durante su primera audiencia, la defensa solicitó ampliar el plazo constitucional para preparar sus argumentos y pidió que enfrentara el procedimiento bajo prisión domiciliaria debido a diversos problemas de salud, solicitud que fue rechazada por el juez.
Este martes se reanudó la audiencia ante el juez de control Mario Elizondo Martínez, en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. Aguirre fue trasladado desde el penal y compareció nuevamente en silla de ruedas. El exmandatario ha rechazado las imputaciones y aseguró ante el juzgador que tiene su “conciencia tranquila” y que buscará aclarar los señalamientos en su contra.
La FGR busca que sea vinculado a proceso por su probable participación en desaparición forzada de personas y delitos relacionados con la administración de justicia, derivados de la presunta eliminación de información que pudo ser relevante para seguir el rastro de los estudiantes.
Para los familiares, la responsabilidad política y administrativa de Aguirre debe ser investigada a fondo debido a que encabezaba el Ejecutivo estatal cuando ocurrieron los ataques en Iguala. Melitón Ortega afirmó que, como gobernador, tuvo acceso a información relevante y debe explicar qué conoció sobre los hechos y sobre la actuación de las autoridades estatales.
La exigencia adquiere especial relevancia porque, a casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, las familias continúan cuestionando los avances de las investigaciones y demandando que se esclarezca la participación de funcionarios, policías, integrantes del crimen organizado y otras autoridades que pudieron intervenir antes, durante o después de los ataques.
La audiencia de este martes será determinante para saber si el exgobernador enfrentará formalmente un proceso penal por las acusaciones formuladas por la Fiscalía. Al cierre de esta información, no se había confirmado oficialmente una resolución definitiva del juez sobre la vinculación a proceso.
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