La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció que revisará 25 años de contrataciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), ante indicios de presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Este miércoles 4 de noviembre, el organismo fiscalizador informó que mantiene abiertas tres líneas de investigación para identificar posibles prácticas ilegales en la asignación de contratos y el ejercicio del presupuesto destinado a las autoridades electorales.
La primera contempla investigaciones de oficio sobre las contrataciones públicas del INE, IFE y los organismos electorales estatales. La segunda consiste en un análisis histórico de las adquisiciones efectuadas entre 2000 y 2025, mientras que la tercera comprende una auditoría integral al INE y al gasto federalizado ejercido por los OPLE.
De acuerdo con la ASF, los trabajos de inteligencia y la información solicitada a las entidades federativas han permitido identificar indicios de irregularidades históricas, particularmente en la concentración de contratos entre determinados proveedores.
Las investigaciones también buscan esclarecer posibles esquemas de simulación de competencia en licitaciones, subcontrataciones entre empresas relacionadas y el presunto uso de compañías fachada para obtener recursos públicos.
El auditor superior, Aureliano Hernández, había informado previamente que dos grupos empresariales acumularon contratos por aproximadamente 8 mil 870 millones de pesos entre 2014 y 2026, de los cuales 3 mil 790 millones correspondieron a organismos electorales locales y 430 millones al INE.
Entre los casos señalados se encuentran empresas que habrían facturado cientos de millones de pesos pese a contar con menos de cinco trabajadores o no registrar personal contratado.
Ante estos señalamientos, el INE manifestó su disposición para colaborar con las investigaciones y aseguró que los expedientes deberán analizarse con base en pruebas, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
Por su parte, Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del organismo, había rechazado previamente la existencia de proveedores favoritos y solicitado una nueva revisión de los procedimientos de contratación.
La ASF precisó que las investigaciones permitirán determinar si existieron prácticas irregulares recurrentes en el manejo de recursos públicos durante las últimas décadas. Hasta el momento, no se ha establecido una fecha para presentar los primeros resultados ni se han determinado responsabilidades administrativas o penales.


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