Tras meses de intenso debate y expectativa, las Comisiones Unidas del Senado dieron luz verde este martes al dictamen que reforma la Constitución para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Sin embargo, la celebración no ha sido completa, pues los legisladores incluyeron una cláusula de implementación gradual que ha generado opiniones divididas. El proyecto, que busca mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora en la capital y todo el país, establece plazos escalonados para que las empresas, especialmente las PyMEs, puedan ajustar sus nóminas y procesos operativos sin sufrir un impacto económico abrupto.
La noticia retumbó fuerte en el corazón de la Ciudad de México, donde se concentran los poderes de la unión. Mientras al interior del recinto legislativo se celebraba el consenso político para sacar adelante esta deuda histórica con los trabajadores, el dictamen final estipula que la reducción de horas no será inmediata tras su publicación. Este esquema de transición paulatina fue el punto clave que permitió destrabar la negociación con las cámaras empresariales, quienes habían advertido sobre riesgos inflacionarios y de desempleo si la medida se aplicaba de golpe en este 2026.
Sin embargo, el ambiente fuera del recinto de Reforma e Insurgentes fue de alta tensión. Diversos sindicatos de trabajadores se manifestaron a las puertas del Senado para expresar su rechazo a los términos de la aprobación. Bajo la consigna de que «la justicia laboral no puede esperar», los líderes gremiales calificaron de «simulación» el esquema gradual, argumentando que diluye el beneficio real para la fuerza laboral actual. Los manifestantes bloquearon momentáneamente los accesos, exigiendo que la reforma entre en vigor de manera total e inmediata, sin periodos de gracia para los grandes corporativos.
El dictamen aprobado establece que la jornada máxima legal descenderá primero a 44 horas durante el primer año de vigencia, alcanzando la meta de las 40 horas hasta etapas posteriores. Los legisladores defendieron esta postura asegurando que es la única vía responsable para garantizar que la reforma perdure y no provoque el cierre de fuentes de empleo. A pesar de los argumentos técnicos, la molestia social es palpable entre los sectores que esperaban disfrutar de dos días de descanso obligatorio a partir de este mismo ciclo fiscal.
Ahora, el balón pasa al Pleno del Senado, donde se espera una votación ríspida en los próximos días. La Ciudad de México se mantiene a la expectativa, pues la aprobación definitiva de esta reforma cambiaría radicalmente la dinámica laboral de millones de chilangos. Entre la esperanza de una vida más equilibrada y la frustración por los plazos extendidos, la reducción de la jornada laboral se perfila como el tema más caliente de la agenda política y social de este inicio de año.
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