El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha generado un intenso debate con su propuesta de enviar una iniciativa de reforma administrativa enfocada en la eliminación de organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). AMLO argumenta que estos entes, calificados como “supuestamente autónomos”, no benefician al pueblo y representan gastos superfluos para el Gobierno, estando más al servicio de minorías que del interés general.
Desde abril de 2023, el mandatario ha mantenido una postura crítica hacia el INAI, describiéndolo como «un cero a la izquierda» y proponiendo que sus funciones sean transferidas a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o a la Fiscalía Anticorrupción. En su opinión, organismos como el INAI fueron creados bajo la premisa de combatir la corrupción, pero en realidad, han fallado en cumplir con este objetivo.
Este escenario plantea un debate complejo en el que se entrelazan la eficiencia administrativa, la autonomía de los organismos en cuestión y los derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales. La propuesta de AMLO abre un importante espacio de discusión sobre el papel y la relevancia de estos organismos en la estructura gubernamental y en la salvaguarda de los derechos ciudadanos.
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