La Fiscalía General de la República detuvo al exgobernador de Guerrero Ángel Heladio Aguirre Rivero, señalado por su presunta participación en el ocultamiento y destrucción de evidencia relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
La aprehensión se realizó la mañana de este jueves 6 de agosto en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México, después de que la FGR solicitara y obtuviera una orden judicial como parte de la nueva revisión del expediente. El Registro Nacional de Detenciones ubicó la captura alrededor de las 9:46 horas.
El exmandatario fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, donde quedará a disposición de la autoridad judicial que deberá definir su situación jurídica.
Lo acusan de ocultar videos de la noche de Iguala
La fiscal general Ernestina Godoy informó que la orden de aprehensión fue librada por los posibles delitos de desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia.
Según la investigación, las cámaras 12 y 15 instaladas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala habrían grabado el momento en que el autobús Estrella de Oro número 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas, fue detenido por policías municipales y estatales durante la noche del 26 de septiembre de 2014.
Estas grabaciones podrían contener información relevante para reconstruir la ruta seguida por algunos estudiantes antes de su desaparición y establecer qué corporaciones intervinieron en los hechos.
Las primeras versiones oficiales sostenían que el material no existía debido a presuntas fallas técnicas en el sistema de videovigilancia. No obstante, la FGR afirmó que nuevas diligencias permitieron concluir que esa explicación era falsa.
Testigos señalan una orden desde el Gobierno estatal
La Fiscalía indicó que en enero de 2026 una persona colaboradora declaró que las grabaciones sí existieron y señaló a quien presuntamente las retiró para entregarlas directamente al entonces gobernador de Guerrero.
Un segundo testigo protegido declaró en mayo que Aguirre Rivero habría ordenado, durante una reunión con funcionarios de alto nivel, eliminar cualquier evidencia relacionada con los acontecimientos registrados en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
Para la FGR, el posible ocultamiento de los videos no habría sido una falla administrativa aislada, sino una operación deliberada en la que pudieron participar servidores públicos estatales. La institución deberá acreditar esta hipótesis ante un juez mediante testimonios, documentos, peritajes y otros datos contenidos en la carpeta de investigación.
Aguirre había negado cualquier participación
En mayo de 2025, después de la detención de la exmagistrada Lambertina Galeana Marín por el mismo expediente, Ángel Aguirre negó haber conocido o participado en la desaparición de las grabaciones.
El exgobernador sostuvo entonces que no había recibido los videos y afirmó que su conciencia estaba tranquila. La nueva acusación de la FGR se apoya en testimonios obtenidos posteriormente, los cuales deberán ser confrontados por la defensa durante el proceso judicial.
Aguirre también había comparecido anteriormente ante la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer la desaparición de los estudiantes.
Gobernaba Guerrero cuando desaparecieron los estudiantes
Ángel Aguirre encabezó el Gobierno de Guerrero entre 2011 y 2014. Dejó el cargo el 23 de octubre de ese último año, casi un mes después de la desaparición de los normalistas y en medio de protestas nacionales que exigían esclarecer lo sucedido.
Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” desaparecieron durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, después de una serie de ataques y detenciones en Iguala.
A casi 12 años de los hechos, el paradero de la mayoría continúa sin conocerse. Las autoridades solamente han identificado restos óseos de tres estudiantes, mientras permanecen abiertas distintas líneas sobre la participación de policías, integrantes del crimen organizado y funcionarios públicos.
Juez decidirá si será procesado
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público deberá exponer los datos de prueba utilizados para obtener la orden de captura. La defensa podrá responder a las acusaciones y solicitar que el exgobernador enfrente el procedimiento bajo una medida cautelar distinta.
Posteriormente, el juez determinará si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por los delitos imputados y fijará el plazo para desarrollar la investigación complementaria.
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