Un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas, dentro de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
La resolución fue emitida durante la madrugada de este miércoles 12 de agosto por Mario Elizondo Martínez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México. El juzgador consideró que la Fiscalía General de la República presentó elementos suficientes, en esta etapa del procedimiento, para que el proceso penal continúe.
Además, el juez ratificó la prisión preventiva oficiosa, por lo que Aguirre permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano. También estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, que concluirá el próximo 4 de diciembre.
La acusación de la FGR se concentra en el presunto ocultamiento o destrucción de grabaciones captadas por las cámaras 12 y 15 instaladas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala. Esos videos pudieron haber registrado parte de las agresiones y detenciones ocurridas durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
De acuerdo con la hipótesis ministerial, las imágenes habrían mostrado la intervención de policías municipales y estatales contra estudiantes que viajaban en uno de los autobuses utilizados por los normalistas. La Fiscalía sostiene que Aguirre habría recibido posteriormente las grabaciones y dado instrucciones para ocultarlas o destruirlas, versión que ahora deberá ser acreditada durante el proceso.
La defensa del exgobernador presentó 31 datos de prueba con los que intentó desacreditar la acusación. Entre ellos se incluyeron documentos, reportes y declaraciones de antiguos funcionarios del Gobierno de Guerrero, además de testimonios destinados a demostrar que Aguirre no se encontraba en Chilpancingo cuando supuestamente recibió el material videográfico.
Uno de los testigos fue Felipe Martín Ornelas Rebollo, excoordinador de Seguridad y Transporte Aéreo de Guerrero, quien declaró que el 29 de octubre de 2014 trasladó a Aguirre a la Ciudad de México para reunirse con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Según su versión, el exmandatario regresó a Chilpancingo cerca de las 23:00 horas.
Ese testimonio contradice la declaración de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exvisitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, quien afirmó ante la FGR que alrededor de las 20:30 horas de ese mismo día entregó al entonces gobernador los videos obtenidos de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala.
También compareció Jesús Martínez Garnelo, quien se desempeñaba como secretario de Gobierno durante la administración de Aguirre. La defensa buscó con estos testimonios demostrar que no existió la reunión en la que, según la Fiscalía, se habría ordenado desaparecer la evidencia.
Pese a los argumentos presentados durante una audiencia que se extendió por más de 15 horas, el juez determinó que existen elementos para continuar con el procedimiento penal. La vinculación a proceso, sin embargo, no representa una declaración de culpabilidad, sino que permite que la investigación avance hacia una nueva etapa.
Aguirre fue detenido el pasado 6 de agosto en Tepotzotlán, Estado de México, después de que la FGR retomara y analizara nuevamente diversas líneas relacionadas con el caso Ayotzinapa. Desde entonces permanece en el penal federal del Altiplano.
Durante los próximos cuatro meses, tanto la Fiscalía como la defensa podrán recabar nuevos testimonios, documentos, peritajes y otros elementos destinados a fortalecer sus respectivas versiones. Concluido ese periodo, el proceso deberá avanzar hacia las siguientes etapas judiciales.
La desaparición de los 43 estudiantes ocurrió hace casi 12 años y continúa siendo uno de los casos de violaciones a derechos humanos de mayor impacto en México. La nueva situación jurídica de Aguirre coloca por primera vez al exgobernador frente a un proceso penal directamente relacionado con el manejo de evidencia de aquellos hechos.
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