El presidente Andrés Manuel López Obrador ha vuelto a poner en el centro de la discusión la integridad del Poder Judicial en México. Afirmó que desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se inició una serie de prácticas que comprometieron la independencia de este poder, entregándolo al Partido Acción Nacional (PAN). Esta acusación resalta una red de complicidades y componendas que, según López Obrador, han prevalecido hasta la actualidad, afectando la justicia y la equidad en el país.
El mandatario mexicano criticó duramente la tendencia de altos salarios dentro del Poder Judicial, los cuales, en su opinión, han servido para «maicear» a los funcionarios, una práctica que describió como la compra de lealtades y conciencias. Según él, estos altos ingresos han llegado a ser de hasta 700 mil pesos mensuales para un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, evidenciando un nivel de corrupción y nepotismo alarmante.
López Obrador contextualiza estas acciones dentro de una política más amplia de privatización y reformas que, a su parecer, han beneficiado a una minoría mientras perjudican al conjunto de la sociedad mexicana. Citó ejemplos concretos, como las recientes decisiones judiciales que han favorecido intereses particulares sobre el bien común, para ilustrar cómo el Poder Judicial ha sido instrumentalizado para servir a intereses oligárquicos.
Para enfrentar esta situación, el presidente ha propuesto una reforma al Poder Judicial que incluye la elección de ministros, magistrados y jueces mediante el voto popular. Esta medida busca garantizar una mayor transparencia y reducir la influencia política en las decisiones judiciales, asegurando que los funcionarios actúen en interés del pueblo y no de las élites políticas y económicas.
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