El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió entregar un “dividendo Trump” de 5 mil dólares a cada adulto estadounidense si el Partido Republicano conserva el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones legislativas de medio mandato del próximo 3 de noviembre. El anuncio fue realizado el miércoles 9 de septiembre durante una convención republicana celebrada en Dallas, Texas, donde el mandatario pidió a sus simpatizantes votar como si la contienda también definiera su futuro político personal.
“Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben 5 mil dólares”, afirmó Trump ante sus seguidores. El presidente presentó la propuesta como una consecuencia de la fortaleza económica que, según dijo, Estados Unidos ha alcanzado gracias a los ingresos derivados de los aranceles. Sin embargo, no explicó cómo se realizarían las transferencias, qué dependencia administraría el programa ni qué requisitos tendrían que cumplir los beneficiarios, más allá de que el dinero debería gastarse dentro de Estados Unidos.
Una promesa con costo millonario
La propuesta tendría un costo aproximado de 1.35 billones de dólares, tomando como referencia a los cerca de 270 millones de adultos que viven en Estados Unidos. Esta cifra superaría ampliamente los ingresos que el gobierno federal ha recaudado por aranceles y representaría una presión considerable para las finanzas públicas, en un momento en que el déficit presupuestario anual ronda los 1.8 billones de dólares.
Expertos presupuestarios han advertido que Trump no puede ordenar por sí solo un pago de esa magnitud. Para que el supuesto dividendo pudiera concretarse, el Congreso tendría que aprobar una ley o autorizar explícitamente los recursos. Marc Goldwein, director sénior de políticas del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, señaló que el presidente carece de autoridad para entregar dinero público a los ciudadanos sin la aprobación legislativa correspondiente.
¿Es legal o podría considerarse compra de votos?
El anuncio abrió también un debate jurídico y electoral. Trump no prometió pagar únicamente a quienes voten por candidatos republicanos, sino a todos los adultos estadounidenses si su partido mantiene el control de ambas cámaras del Congreso. Bajo esa formulación, algunos especialistas consideran que se trata de una promesa de campaña y no de un pago directo a cambio de votar de determinada manera.
El abogado John Day, de Nuevo México, sostuvo que la propuesta podría ser legal porque el supuesto beneficio se entregaría a toda la población, independientemente de si las personas votaron o por qué partido lo hicieron. No obstante, otros analistas consideran que vincular un pago federal al resultado electoral podría generar cuestionamientos por posible interferencia electoral o por el uso de recursos públicos como herramienta de movilización política.
Republicanos enfrentan elecciones competidas
La promesa se produce en un contexto complicado para el Partido Republicano, que busca conservar sus mayorías en el Congreso durante unas elecciones históricamente difíciles para el partido que ocupa la Casa Blanca. El 3 de noviembre se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 asientos del Senado, por lo que una pérdida de legisladores podría modificar el equilibrio de poder y limitar la agenda de Trump durante la segunda mitad de su mandato.
El presidente presentó la elección como una decisión entre continuar con su programa económico o permitir el regreso de los demócratas. Aunque el anuncio fue recibido con entusiasmo por los asistentes a la convención, hasta ahora no existe un proyecto formal que establezca el llamado “dividendo Trump”, ni se ha identificado una fuente de financiamiento para cubrirlo.
Proyecto legislativo en preparación
El senador republicano Bernie Moreno, de Ohio, anunció que prepararía un proyecto de ley para que el Congreso pueda aprobar el pago inmediatamente después de las elecciones del 3 de noviembre, en caso de que el Partido Republicano mantenga el control de ambas cámaras. La iniciativa tendría que superar el debate legislativo, obtener los votos necesarios y contar con una fuente presupuestaria claramente definida.
Por ahora, la promesa permanece como un compromiso político sin respaldo legal ni calendario de distribución. El debate se centra en si los ingresos arancelarios podrían financiar una parte del programa, si el pago aumentaría la inflación y cuánto incrementaría la deuda pública. Mientras tanto, Trump busca convertir la propuesta en un argumento central para movilizar a sus simpatizantes antes de unos comicios que definirán el rumbo político de Estados Unidos.
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