El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, se encuentra preparando una estrategia militar directa para atacar instalaciones y líderes de los principales cárteles del narcotráfico en México, según reveló una investigación de NBC News citada por medios nacionales e internacionales. De acuerdo con fuentes oficiales estadounidenses, el plan considera tanto el uso de drones armados como la posible intervención de fuerzas especiales para desmantelar laboratorios, centros logísticos y campamentos de grupos delictivos en territorio mexicano, en una escalada sin precedentes en la cooperación y presión bilateral contra el crimen organizado transnacional.
La propuesta, que ha generado inquietud en círculos diplomáticos y de seguridad binacional, incluye ataques selectivos contra objetivos definidos de cárteles como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y otras organizaciones responsables del tráfico masivo de fentanilo y metanfetaminas hacia Estados Unidos. Las fuentes citadas por NBC detallan que el plan contempla “neutralizar” a los líderes y destruir infraestructura crítica, actuando de manera “quirúrgica” para minimizar bajas civiles. El despliegue usaría tecnología de inteligencia satelital, vigilancia aérea y unidades de respuesta rápida, siguiendo operativos similares a los que EE.UU. ha realizado contra organizaciones terroristas en Medio Oriente.
La información surge en un momento de tensión en la relación bilateral, ya que la administración Trump lleva meses presionando a México para intensificar las detenciones de capos y la destrucción de laboratorios, en especial tras el crecimiento exponencial de muertes por sobredosis de fentanilo en territorio estadounidense. Las agencias estadounidenses argumentan que la estrategia de acciones coordinadas ya no es suficiente y que el flujo de drogas sintéticas exige “medidas extraordinarias” que podrían, de concretarse, violar la soberanía mexicana y detonar una crisis diplomática mayor.
Hasta el momento, el gobierno de México no ha dado una respuesta oficial, pero fuentes de la Cancillería y de la Secretaría de Seguridad han expresado preocupación por la posible ejecución de acciones unilaterales. Funcionarios mexicanos advierten que este tipo de intervención podría ser considerado un acto hostil y un precedente peligroso para la relación bilateral, además de abrir la puerta a represalias y escalar la violencia en diversas regiones del país.
Expertos en seguridad y analistas internacionales advierten que los riesgos y consecuencias de una operación militar estadounidense directa en México son altos: desde el agravamiento de la inseguridad y los desplazamientos civiles, hasta el impacto negativo en la cooperación en temas de migración, comercio y control fronterizo. Algunos sectores en Estados Unidos, incluyendo legisladores demócratas, han pedido frenar esta estrategia y apostar por el fortalecimiento institucional y la cooperación judicial, mientras que otros republicanos respaldan la acción directa alegando protección de la salud pública estadounidense.
La posible orden de ataques refleja la creciente urgencia del gobierno de Trump por mostrar resultados tangibles en la crisis del fentanilo en víspera de un año electoral y bajo presión interna. El destino de esta propuesta dependerá en gran medida de la reacción del gobierno mexicano, de las negociaciones diplomáticas y de la evaluación de los riesgos geopolíticos involucrados en abrir un nuevo frente de operaciones militares en América Latina.
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