Tropas de Estados Unidos incautaron un buque petrolero frente a las costas de Venezuela, en una operación que eleva de nuevo la tensión entre Washington y Caracas. El presidente Donald Trump aseguró desde la Casa Blanca que se trata del “petrolero más grande” que haya sido incautado, aunque evitó ofrecer detalles sobre el propietario de la nave o el punto exacto donde se realizó la acción. El anuncio provocó un moderado repunte en los precios internacionales del crudo, al alimentar la percepción de riesgo sobre la oferta de petróleo venezolano e iraní.
De acuerdo con la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, la operación fue ejecutada por elementos del FBI, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Guardia Costera, con apoyo del Departamento de Defensa. La funcionaria difundió un video en el que se observa a militares estadounidenses abordando el buque desde varias aeronaves y explicó que se trató de cumplir una orden de incautación contra un tanque cisterna utilizado para transportar petróleo sancionado de Venezuela e Irán. Subrayó que la acción se llevó a cabo “de forma segura y sin incidentes” y que la investigación sobre esa red ilícita continuará.
Aunque Washington no ha revelado oficialmente el nombre del barco, la bandera ni su último puerto, la empresa de riesgos marítimos Vanguard Tech identificó al buque como el “SKIPPER”, al que describió como parte de una “flota clandestina” sancionada por transportar crudo venezolano. La firma indicó que su última ubicación conocida antes de la incautación se habría registrado al noreste de Caracas y sostuvo que el barco falseó su posición durante un periodo prolongado, transmitiendo coordenadas engañosas a sistemas como MarineTraffic para ocultar sus movimientos reales.
Estados Unidos ha justificado el reforzamiento de su presencia militar frente a las costas venezolanas —con un portaaviones, cazas y decenas de miles de efectivos— como parte de una estrategia contra el narcotráfico y las redes ilícitas de transporte de hidrocarburos. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro acusa a Washington de buscar derrocar a su administración y apropiarse de las reservas petroleras venezolanas, en medio de reiteradas insinuaciones de Trump sobre una posible intervención militar directa. Hasta el cierre de esta nota, Caracas no había emitido una respuesta oficial a la incautación.
Analistas advierten que la captura del petrolero supone un golpe sensible para la ya debilitada capacidad de exportación de Venezuela, al enviar una señal de riesgo a navieras y compañías interesadas en mover crudo venezolano bajo sanciones. El petróleo sigue siendo la principal fuente de ingresos del país, que se ha visto obligado a ofrecer fuertes descuentos frente al crudo sancionado de Rusia e Irán, y a recurrir a intermediarios para colocar la mayor parte de sus cargamentos en China. Pese al entorno adverso, Venezuela exportó más de 900 mil barriles diarios el mes pasado, el tercer promedio mensual más alto del año, según datos de mercado.
En este escenario, las sanciones estadounidenses mantienen un férreo control sobre el sector energético venezolano, con contadas excepciones. La petrolera Chevron opera en el país gracias a una licencia especial que le permite producir crudo en asociación con PDVSA, bajo un esquema en el que una parte del petróleo extraído sirve para pagar al gobierno de Maduro dentro de empresas conjuntas. La incautación del petrolero “SKIPPER” podría endurecer aún más el entorno para otros actores privados y estatales que comercian con petróleo venezolano, reavivando el debate sobre el impacto humanitario y geopolítico de las sanciones en la región.
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