La muerte a tiros de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años, a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis, detonó una ola de protestas nacionales contra las operaciones migratorias del gobierno de Donald Trump y abrió un nuevo frente de confrontación entre la Casa Blanca y los estados demócratas. En este contexto, el estado de Minnesota presentó una demanda para frenar el despliegue “sin precedentes” de agentes federales, al considerar que las redadas son “militarizadas, ilegales e inconstitucionales” y han sembrado miedo entre residentes, trabajadores y visitantes de las llamadas Ciudades Gemelas.
Las manifestaciones, agrupadas bajo consignas como “ICE Out For Good” (Fuera ICE para siempre), se han extendido más allá de Minneapolis hacia ciudades como Atlanta, Chicago, Los Ángeles y Washington D. C., donde miles de personas han salido a las calles para exigir el fin de la ofensiva migratoria. En Minneapolis, el epicentro simbólico del movimiento, marchas multitudinarias recorren parques y barrios cercanos al lugar donde fue asesinada Good, pese a temperaturas de hasta -7 °C, con carteles que acusan a ICE de violencia sistemática contra comunidades migrantes y racializadas.
La demanda presentada por Minnesota, con el apoyo de ciudades como Minneapolis y Saint Paul, sostiene que la operación federal —identificada como “Metro Surge”— ha implicado más de dos mil detenciones desde diciembre y busca castigar a gobiernos locales críticos de la política migratoria de Trump. El recurso señala como responsables a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al director interino del ICE, Todd Lyons, y a otros altos funcionarios, y pide a los tribunales que declaren inconstitucional el aumento de agentes y prohíban de forma “preliminar y permanente” nuevos refuerzos sin el consentimiento estatal.
El fiscal general Keith Ellison afirmó que la ofensiva migratoria ha hecho a Minnesota “menos seguro”, al inundar las calles con agentes “mal capacitados, agresivos y armados”, y denunció que las redadas se han realizado cerca de escuelas, hospitales y espacios públicos, lo que incrementa el miedo y la tensión social. Organizaciones civiles y religiosas que acompañan la querella aseguran que se ha configurado un “patrón de abusos y violencia desenfrenada” en barrios marginados, y exigen que la justicia estatal recupere el control sobre la seguridad en su territorio.
Desde Washington, el presidente Donald Trump respondió reafirmando su apoyo total a ICE y describiendo a sus agentes como “patriotas” cuya misión es sacar de las comunidades a inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales. El mandatario anunció además el próximo envío de cerca de mil agentes adicionales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza a Minneapolis, a pesar de las objeciones de autoridades locales que le han pedido “bajar la intensidad” del despliegue para evitar más confrontaciones.
Trump advirtió en un mensaje dirigido a los habitantes del estado que el “ajuste de cuentas y la retribución se acercan”, mientras en las calles se multiplican las consignas que piden tanto la salida de ICE como la salida del propio presidente. Analistas señalan que el conflicto en Minnesota se ha convertido en un laboratorio político: de un lado, un gobierno federal que usa la fuerza migratoria como herramienta de presión; del otro, estados que apelan a la Décima Enmienda para defender su soberanía y contener el avance de una política que consideran abiertamente antiinmigrante.
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