El escándalo conocido como «Rolexgate» ha sacudido a la política peruana, poniendo bajo la lupa a la presidenta Dina Boluarte. La mandataria enfrenta una investigación fiscal por presunto enriquecimiento ilícito y omisión en sus declaraciones juradas, relacionadas con la posesión de relojes de lujo de la marca Rolex que no habían sido debidamente reportados.
El caso salió a la luz tras un reportaje periodístico que reveló que Boluarte había sido vista usando relojes Rolex valorizados en miles de dólares, los cuales no figuraban en su registro de propiedades ante el Jurado Nacional de Elecciones. Esto desató una serie de cuestionamientos sobre el origen de estos bienes y si la presidenta incurrió en alguna irregularidad.
La Fiscalía inició diligencias preliminares contra Boluarte el 18 de marzo, pero denunció que se frustraron las visitas tanto a su domicilio como al Palacio de Gobierno. Ante esto, el viernes 29 de marzo, un equipo de 40 agentes y fiscales allanaron la vivienda de la presidenta, en una intervención que se extendió por varias horas.
El «Rolexgate» ha generado reacciones divididas en el Congreso peruano, con algunos legisladores calificando los allanamientos como «criticables» y «exagerados», mientras que otros apoyan una posible destitución de la mandataria. Analistas señalan que este escándalo daña la imagen del país en el exterior al poner en duda la honradez de Boluarte.
La presidenta Boluarte ha rechazado las acusaciones, afirmando que los relojes fueron adquiridos con sus ingresos personales antes de asumir el cargo. Sin embargo, la polémica continúa y podría tener un impacto significativo en la estabilidad política del país.
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