Nepal enfrenta una de sus peores crisis políticas y sociales tras el incendio del Parlamento, que dejó al menos 19 muertos y decenas de heridos el martes 9 de septiembre. La ola de protestas responde al bloqueo de redes sociales ordenado por el gobierno y a continuas denuncias de corrupción, factores que alimentaron el descontento ciudadano, especialmente entre los jóvenes. Aunque el primer ministro KP Sharma Oli dimitió horas antes en busca de calmar la situación, su renuncia solo intensificó la indignación, sumiendo a Nepal en el caos y atrayendo la atención internacional sobre la fragilidad democrática y el respeto a los derechos fundamentales.
Las manifestaciones dieron inicio el lunes, lideradas por jóvenes que exigían la restitución de 26 plataformas digitales, incluyendo Facebook, X, YouTube y LinkedIn. El gobierno justificó esta medida alegando falta de registro de las empresas, pero fue percibida como un acto de censura y represión. Amnistía Internacional denunció que la policía usó munición real para dispersar a los manifestantes, provocando trágicas muertes que derivaron en el incendio intencional del Parlamento y varias residencias de líderes políticos, incluido el propio KP Sharma Oli.
A pesar del toque de queda impuesto por las autoridades, el descontento y la violencia se expandieron por la capital Katmandú, y grupos enardecidos atacaron edificios públicos y casas de figuras del oficialismo y oposición. Videos circulando en redes sociales mostraron el entorno del Parlamento envuelto en llamas, testimonio inequívoco de la gravedad de la crisis. Un episodio especialmente dramático fue la muerte de Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro Jhalanath Khanal, quien falleció por quemaduras durante el incendio de su residencia, elevando la cifra total de víctimas mortales a 25 según fuentes hospitalarias. La inacción militar, que no intervino para proteger el complejo gubernamental de Singha Durbar, agravó la sensación de anarquía.
La crisis refleja profundo malestar social y político en Nepal, exacerbado por inestabilidad, corrupción estructural y bajo crecimiento económico. La frustración juvenil, catalizada por el desempleo y el favoritismo hacia los llamados “Nepo Kids” —hijos de políticos que disfrutan de privilegios—, ha amplificado la tensión en las calles. La presión internacional no se hizo esperar: Amnistía Internacional, la Unión Europea y Estados Unidos instaron al gobierno a buscar vías de diálogo pacífico y contener los excesos de violencia.
Ante el panorama convulso, el presidente de Nepal exhortó a la sociedad y a los partidos a priorizar la paz y el diálogo, mientras el Ejército pidió resguardar el patrimonio nacional y la vida de los ciudadanos. Sin embargo, la limitada actuación militar durante el pico de la violencia dejó en evidencia la fragilidad de la gobernabilidad y la urgencia de implementar reformas estructurales y un proceso de reconciliación que atienda las demandas legítimas de la población.
La quema del Parlamento y la alta cifra de víctimas evidencian un momento histórico y delicado para Nepal. Es urgente que sus autoridades restauren la confianza social y la credibilidad institucional, construyendo un futuro más justo y equitativo para todos. La crisis pone en tela de juicio el estado de la democracia nepalí y subraya la necesidad de respuestas verdaderas ante una sociedad que exige libertad, transparencia y respeto por los derechos humanos.
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