La crisis diplomática entre Perú y México escaló a un nuevo nivel luego de que el presidente peruano, José Jeri, advirtió públicamente la posibilidad de irrumpir en la embajada de México en Lima para detener a Betssy Chávez, ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo, quien se encuentra asilada en la sede diplomática mexicana. De concretarse, tal acción constituiría una grave violación al derecho internacional y a la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, consagradas en la Convención de Viena.
Jeri, quien ha calificado el asilo otorgado por México a Chávez como una “protección indebida a una prófuga de la justicia”, señaló que su gobierno “analiza todas las opciones” para ejecutar la orden de captura dictada por el Poder Judicial peruano, que acusa a la ex funcionaria de delitos vinculados a rebelión y conspiración. Estas declaraciones encendieron las alarmas en la comunidad internacional y provocaron condenas de especialistas y opositores internos, que advirtieron que entrar por la fuerza a una embajada equivaldría a violar la soberanía mexicana y sentar un precedente extremadamente peligroso.
Desde Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con firmeza y advirtió que cualquier intento de irrumpir en la embajada de México en Lima sería una violación frontal al derecho internacional, además de un agravio directo a la tradición humanista del país en materia de asilo político. Recalcó que Betssy Chávez cuenta con asilo formalmente reconocido por el Estado mexicano y que México no renunciará a su obligación de proteger a personas perseguidas por motivos políticos, como lo ha hecho históricamente con figuras de distintas nacionalidades.
La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró que la embajada mexicana es territorio inviolable y que espera que el gobierno peruano respete los tratados internacionales que ambos países han suscrito. Además, se informó que México mantiene comunicación con otros gobiernos y organismos multilaterales para dar seguimiento a la situación y prevenir cualquier intento de acción unilateral que ponga en riesgo la integridad del personal diplomático, de la propia Chávez y de las instalaciones.
Diversos analistas y voces diplomáticas han señalado que esta escalada agrava aún más la ya deteriorada relación bilateral, marcada por la ruptura de relaciones diplomáticas declarada por Perú y los cruces de acusaciones en torno al asilo. También subrayan que una irrupción a una embajada sería percibida como una línea roja en el sistema internacional y podría derivar en condenas, sanciones y mayor aislamiento para el gobierno de Jeri.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y colectivos políticos en la región han pedido respeto irrestricto al asilo y un retorno al diálogo diplomático. En el centro del conflicto se mantiene la figura de Betssy Chávez, convertida en símbolo de la disputa entre la narrativa de persecución política defendida por México y el discurso de combate a la impunidad esgrimido por el gobierno peruano.
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