La OTAN ha impuesto una exigencia histórica a sus países miembros: aumentar el gasto en defensa hasta alcanzar el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) para el año 2035. Esta decisión, tomada en la reciente cumbre celebrada en La Haya, representa un salto significativo con respecto al objetivo previo, que rondaba el 2%. La medida busca reforzar la seguridad colectiva en un contexto de creciente tensión internacional, especialmente ante la amenaza rusa y la necesidad de fortalecer las capacidades militares y de defensa cibernética en Europa y Norteamérica.
España, a pesar de haber firmado oficialmente el compromiso junto a los otros 31 países miembros de la Alianza Atlántica, ha manifestado una posición discordante en relación con este aumento del gasto. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha declarado públicamente que el país mantendrá una inversión en defensa en torno al 2,1% de su PIB, argumentando que esta cifra será suficiente para cumplir con sus compromisos y capacidades acordadas dentro de la OTAN. Según Sánchez, el pacto firmado contempla una flexibilidad que permite a España no alcanzar el umbral del 5% sin incumplir sus obligaciones con la organización.
La decisión de la OTAN establece que el 5% del PIB destinado a defensa se divide en dos partes: un 3,5% para gastos militares básicos, como la compra de armamento y el mantenimiento de tropas, y un 1,5% adicional para inversiones en infraestructuras críticas, ciberseguridad y cooperación militar y civil. Esta fórmula busca no solo un aumento cuantitativo sino también cualitativo que permita mejorar la movilidad y resiliencia militar frente a nuevas amenazas globales.
El desacuerdo de España ha generado tensiones diplomáticas y presión por parte de otros países aliados, que exigen una postura más firme y un compromiso real con la inversión en defensa. La negativa del gobierno español puede suponer riesgos comerciales y políticos, en un momento en que Estados Unidos y otros socios consideran prioritario fortalecer la alianza y aumentar los recursos para garantizar la seguridad en Europa. En este marco, la insistencia en mantener un gasto inferior ha sido interpretada como una falta de alineamiento que podría afectar la posición de España dentro de la OTAN y sus relaciones internacionales.
En definitiva, la cumbre de la OTAN en La Haya representa un punto de inflexión para la política de defensa europea y transatlántica. El compromiso de elevar hasta el 5% del PIB el gasto militar es un reto para todos los aliados, que deberán equilibrar sus prioridades presupuestarias con las exigencias de seguridad colectivas. España, al optar por mantener un gasto más moderado, abre un debate sobre la solidaridad y responsabilidad compartida dentro de la Alianza, con implicaciones que van más allá del ámbito militar, afectando también el plano económico y diplomático.
Este nuevo escenario exige a los gobiernos de la OTAN un diálogo constante y una búsqueda de consensos para evitar fracturas internas que puedan debilitar la cooperación estratégica. La inversión en defensa no solo es una cuestión de cifras económicas, sino un reflejo del compromiso político y la voluntad de proteger la estabilidad internacional en tiempos de incertidumbre. Por ello, la presión para que España y otros países alineen sus políticas con los objetivos colectivos seguirá siendo un tema clave en la agenda internacional de los próximos años.
Deja una respuesta