El Congreso de Nicaragua, bajo control total del oficialismo, aprobó este martes 1 de septiembre una reforma constitucional que prohíbe la participación de partidos de oposición en las elecciones y extiende el mandato presidencial de seis a siete años. La medida, impulsada por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue aprobada en primera legislatura y deberá ser ratificada en segunda votación a partir del 18 de enero de 2027, un trámite que se da por hecho dado el dominio del gobierno sobre el parlamento.
La reforma excluye de cargos de elección popular a quienes el régimen califica de “golpistas”, “traidores a la patria” o “opositores exiliados que viven pidiendo intervención militar” de Estados Unidos. También alcanza a quienes hayan “incurrido en actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua”, una definición amplia que permite al gobierno vetar a prácticamente cualquier figura opositora. Como consecuencia, las elecciones generales que debían celebrarse en noviembre de 2026 fueron eliminadas y las próximas están programadas para noviembre de 2027.
Estados Unidos exige aislar a Nicaragua
En respuesta inmediata a la aprobación de la reforma, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, exhortó este miércoles a la comunidad internacional a romper vínculos con Nicaragua y “poner fin de inmediato a las operaciones habituales con esta brutal dictadura” encabezada por Ortega y Murillo. Rubio advirtió que “las dictaduras que niegan los derechos inalienables de sus ciudadanos no deberían gozar de los mismos beneficios económicos o políticos que los gobiernos comprometidos con la defensa de la paz y la seguridad hemisféricas”.
El jefe de la diplomacia estadounidense denunció que la votación en la Asamblea Nacional nicaragüense “erosionó aún más la ficción de la democracia en Nicaragua” y llamó a sus aliados a no comerciar con el país centroamericano. Washington ha aumentado en los últimos meses la presión económica y diplomática sobre Managua, con sanciones contra las principales figuras del régimen y movilizando a sus aliados en América Latina mediante comunicados conjuntos.
Ampliación de mandatos y control absoluto
La reforma constitucional también amplía de seis a siete años los períodos de los copresidentes y otros cargos de elección popular, así como de los jefes del Ejército y la Policía. Ortega, exguerrillero izquierdista de 80 años, y Murillo, cinco años menor, gobiernan Nicaragua con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad nicaragüense desde las protestas de 2018, cuya represión dejó unos 300 muertos según la ONU y cientos de miles de exiliados.
En julio pasado, Ortega declaró públicamente que “no habrá más elecciones” en Nicaragua para evitar que la oposición “vuelva a tomar el gobierno”. Sin embargo, tras el rechazo internacional a sus planes iniciales de eliminar por completo los comicios, el régimen optó por esta reforma que formaliza la exclusión de la oposición mientras mantiene una fachada electoral para las elecciones de 2027.
Reacciones regionales y condenas internacionales
Varios países de Centroamérica, así como Bolivia, Brasil y Chile, criticaron la decisión de Ortega, considerándola un nuevo retroceso democrático. Panamá retiró su embajador de Managua en señal de protesta, mientras que la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otros organismos internacionales expresaron su preocupación por el debilitamiento de las estructuras democráticas en Nicaragua.
La reforma también eleva a siete años la duración de los mandatos de las actuales autoridades elegidas por voto popular, consolidando el control del régimen sobre las instituciones del Estado. Para entrar en vigor, la medida deberá ser ratificada en segunda legislatura, pero dado el control absoluto del poder ejecutivo sobre el parlamento, esto se considera un mero trámite formal.
Opositores en el exilio y presos políticos
En días pasados, una docena de grupos opositores acordó un plan de transición política que incluye la excarcelación de opositores y la renovación de instituciones electorales, judiciales, policiales y militares, todas controladas por el gobierno. Sin embargo, la nueva reforma constitucional cierra cualquier posibilidad de participación opositora en el corto plazo, consolidando lo que Estados Unidos ha denominado una “dinastía ilegítima” que priva indefinidamente a los nicaragüenses de elecciones libres y justas.
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