Miles de personas marcharon por el centro de Madrid para protestar contra los desalojos y exigir mayor protección para los inquilinos, después de que María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, de 87 años, fuera expulsada de la vivienda donde vivió durante más de siete décadas. La movilización, convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid bajo el lema “Ni una Maricarmen más”, convirtió su caso en un símbolo de la crisis habitacional que atraviesa España.
La Delegación del Gobierno en Madrid cifró la asistencia en alrededor de 25 mil personas, mientras que los organizadores elevaron el número hasta 300 mil. La marcha partió de la Puerta del Sol, avanzó por la calle Alcalá y pasó por Cibeles y Neptuno antes de concluir frente al Congreso de los Diputados. Al final de la jornada, un grupo de activistas instaló una acampada en Sol para mantener la presión sobre las autoridades.
Un desahucio tras más de 70 años
Maricarmen fue desalojada el 23 de septiembre de su casa en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro, donde residía desde 1956. La comisión judicial ejecutó el desahucio en el cuarto intento, tras varios aplazamientos y una concentración de vecinos, activistas y representantes culturales que intentaron impedirlo.
La mujer, quien tiene una discapacidad reconocida, había enfrentado un conflicto con la empresa propietaria del inmueble. De acuerdo con los testimonios difundidos tras el caso, el alquiler aumentó de forma considerable hasta convertirse en una cantidad inasumible para su pensión. La ejecución del desalojo generó indignación social y derivó en protestas frente al edificio, donde los asistentes corearon consignas de solidaridad.
Después del operativo, Maricarmen fue trasladada a un hospital tras sufrir un episodio de ansiedad. El Sindicato de Inquilinas informó que su estado no era grave, aunque permanecería bajo observación médica durante algunos días. La mujer difundió un mensaje desde el hospital para pedir a la ciudadanía defender el derecho a permanecer en sus hogares.
Reclamo contra fondos inmobiliarios
La manifestación no se limitó al caso individual de Maricarmen. Los participantes denunciaron el aumento de los alquileres, la escasez de vivienda asequible y las prácticas de grandes propietarios y fondos de inversión, a los que denominaron “fondos buitre”. Carteles y consignas exigieron frenar los desalojos sin alternativa habitacional y adoptar medidas que impidan que personas vulnerables pierdan sus viviendas.
El Sindicato de Inquilinas planteó la aprobación de un paquete de medidas denominado “Decreto Maricarmen”. Entre sus demandas se encuentran la suspensión de los desahucios de hogares vulnerables sin una solución habitacional, prórrogas obligatorias para contratos de alquiler y reglas más estrictas para los alquileres temporales y por habitaciones.
Los organizadores advirtieron que, si no se adoptan medidas, podrían mantenerse movilizaciones y acampadas en la capital española. El objetivo es que el caso de la mujer de 87 años no quede como una denuncia aislada, sino que impulse cambios en la política nacional de vivienda.
Crisis de vivienda en España
España enfrenta una creciente presión sobre el mercado de alquiler, especialmente en ciudades como Madrid y Barcelona. La demanda de vivienda, el incremento de los precios, la presencia de alquileres turísticos y temporales y la adquisición de inmuebles por grandes propietarios han complicado el acceso a una renta asequible para jóvenes, familias y adultos mayores.
El caso de Maricarmen expuso la vulnerabilidad de inquilinos con ingresos limitados ante incrementos abruptos de renta y procesos judiciales de desahucio. La protesta reunió a personas de distintas edades y colectivos, con un mensaje común: el acceso a una vivienda digna debe ser protegido frente a la especulación inmobiliaria.
La movilización de Madrid dejó una imagen de fuerte respaldo ciudadano a Maricarmen y reabrió el debate sobre la necesidad de combinar políticas de vivienda pública, regulación de alquileres y protección efectiva frente a desalojos. Su caso se ha convertido en un emblema de una demanda que trasciende su historia personal: que nadie pierda su hogar por no poder afrontar el costo de vivir en su propia ciudad.
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