El Pentágono ordenó la retirada de 700 Marines de Los Ángeles, más de un mes después de que el presidente Donald Trump desplegara fuerzas militares en respuesta a las protestas masivas por las redadas migratorias federales. Estas tropas llegaron el 9 de junio como parte de una estrategia para “contener el desorden” en el centro de la ciudad, tras una serie de manifestaciones contra la política migratoria. Su misión consistió principalmente en custodiar instalaciones federales, entre ellas las oficinas del ICE, del FBI y el tribunal federal. Sin embargo, la reducción de la violencia y el regreso gradual de la estabilidad permitió que se diera luz verde a su retirada.
La presencia militar fue ampliamente rechazada por las autoridades locales, quienes consideraron inapropiado emplear a Marines en asuntos civiles. La alcaldesa Karen Bass celebró la salida de las tropas, asegurando que su despliegue fue un error que nunca debió ocurrir en una ciudad con instituciones sólidas. “Los militares tienen su rol, pero proteger edificios en el centro de Los Ángeles no es uno de ellos”, declaró. El vocero del Pentágono, Sean Parnell, defendió la medida, señalando que la disciplina y la prontitud de los Marines enviaron el mensaje de que “la ilegalidad no será tolerada”.
Simultáneamente, Tom Homan, el llamado “Zar de la Frontera” de la administración Trump, ha enfocado su atención en las llamadas “Ciudades Santuario”, jurisdicciones que limitan su cooperación con el esquema federal de detenciones migratorias. Según Homan, las ciudades que rechazan colaborar “se convierten en santuario de criminales” y representan el nuevo frente de batalla para el cumplimiento de la ley migratoria. Este viraje estratégico cambia el foco de despliegues masivos a intervenciones más selectivas, donde la presión política y legal apunta a gobiernos locales que resisten activamente las órdenes federales.
La misión de los Marines en Los Ángeles se tornó rutinaria, y desde hace semanas se reportaba falta de actividad significativa para las tropas. La mitad de los integrantes de la Guardia Nacional ya habían sido retirados previamente, y algunos sectores dentro del propio cuerpo de Marines expresaron malestar con la tarea asignada. Muchos consideran que la operación entró en conflicto con los ideales militares, sobre todo cuando las acciones podían afectar a sus propias comunidades y familias.
La retirada de las tropas reabre el debate sobre el uso de fuerzas armadas en contextos urbanos y civiles, especialmente en el marco de políticas migratorias polémicas. La ofensiva hacia las Ciudades Santuario señala un intento más calibrado, pero también más divisivo, de ejercer control federal. El desafío ahora reside en cómo equilibrar la seguridad nacional con los derechos civiles, sin continuar tensionando la relación entre el gobierno federal y las autoridades locales.
Deja una respuesta