La Fiscal General de Perú, Patricia Benavides, ha rechazado renunciar a su cargo a pesar de las acusaciones de liderar supuestamente una organización criminal. En un pronunciamiento público, Benavides anunció una denuncia constitucional contra la Presidenta Dina Boluarte y el Premier Alberto Otárola. Afirmó que la Fiscalía ha sido objeto de ataques premeditados por parte de quienes se oponen a la lucha contra la impunidad y la corrupción. Esta denuncia surge en un contexto de investigaciones sobre casos de relevancia en los que los implicados son personas poderosas que intentan obstruir la justicia.
Benavides, quien estuvo rodeada de fiscales provinciales y solo dos superiores, mencionó que su despacho facilita las investigaciones contra la corrupción. Sin embargo, optó por no profundizar en los chats de su exasesor principal Jaime Villanueva, que involucraban votaciones importantes en el Congreso de la República, sugiriendo que estos eran una represalia por las investigaciones en curso.
La denuncia constitucional también implica a los exministros del Interior por las muertes y agresiones durante las protestas antigubernamentales. Si la denuncia es aprobada, pasará a la Comisión Permanente en un plazo de 48 horas después de 10 días de evaluación en la subcomisión. Necesita el respaldo de 66 legisladores en el pleno del Congreso para ser aprobada y ser remitida a la Fiscalía de la Nación. De no obtener los votos necesarios, la denuncia se archivará
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