Un nuevo frente fiscal y político entre EE.UU. y México
La propuesta de imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas por migrantes desde Estados Unidos ha encendido las alarmas en comunidades mexicanas y en la esfera política de ambos países. Impulsada por el presidente Donald Trump y respaldada por legisladores republicanos, la medida forma parte del paquete fiscal “One, Big, Beautiful Bill”, que acaba de avanzar en el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes tras una inusual votación nocturna. Aunque en ocasiones anteriores el Congreso estadounidense ha rechazado iniciativas similares, como reportó Diario Patria, esta vez el proyecto avanza con más fuerza y podría llegar al pleno en cuestión de días.
¿A quién afecta y cómo funcionaría el impuesto?
La propuesta establece que todas las transferencias de dinero enviadas por personas que no sean ciudadanos estadounidenses -incluidos migrantes indocumentados, residentes legales, titulares de visas de trabajo y beneficiarios de programas de protección- estarían sujetas a una retención del 5% sobre el monto enviado. Las remesadoras o agencias de envío de dinero serían responsables de retener y entregar ese porcentaje al Departamento del Tesoro. Solo quienes acrediten ciudadanía estadounidense quedarían exentos.
El impacto sería inmediato y profundo: México recibió más de 64 mil millones de dólares en remesas en 2024, monto que representa el 3.5% del PIB nacional y es vital para millones de familias, sobre todo en estados como Michoacán, Guerrero, Chiapas, Zacatecas y Oaxaca. Analistas estiman que, de aprobarse, el impuesto podría reducir hasta en 10% el flujo de remesas y restar más de 3,200 millones de dólares anuales a la economía mexicana. Para muchas familias, ese dinero es la diferencia entre comer, pagar la escuela o acceder a servicios de salud.
¿Por qué preocupa tanto a los migrantes?
El temor es doble: por un lado, el impuesto representa una carga extra para quienes ya pagan impuestos en EE.UU., lo que muchos consideran una doble tributación injusta y, según el gobierno mexicano, violatoria del tratado fiscal bilateral vigente desde 1994. Por otro, especialistas advierten que la medida podría empujar a los migrantes a buscar vías informales y menos seguras para enviar dinero, abriendo la puerta a fraudes y extorsiones.
La reacción en México ha sido inmediata: la presidenta Claudia Sheinbaum y el Congreso han rechazado la propuesta por considerarla discriminatoria y dañina para la relación bilateral. Legisladores mexicanos preparan una ofensiva diplomática y organizaciones de migrantes ya convocaron protestas frente a la embajada de EE.UU. en la CDMX.
El debate sigue abierto y la presión crece en ambos lados de la frontera. Si el impuesto se aprueba, entraría en vigor en 2026 y marcaría un antes y un después en la vida de millones de familias mexicanas y latinoamericanas. Por ahora, la comunidad migrante y sus familias esperan, con incertidumbre y preocupación, la decisión final del Congreso estadounidense.
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