El pasado 12 de agosto de 2025, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de 800 integrantes de la Guardia Nacional en Washington D.C. con el objetivo de reforzar la seguridad pública en la capital estadounidense. Esta medida se anuncia en el marco de una declaración de emergencia por seguridad, intentando enfrentar la delincuencia y la problemática social que, según el mandatario, afecta a la ciudad.
La activación y llegada de la Guardia Nacional se realizó progresivamente, con los primeros efectivos concentrándose en el D.C. Armory para tramitar documentos y recibir instrucciones. Aunque inicialmente no tenían órdenes específicas sobre su misión, se confirmó que su rol sería de apoyo a las fuerzas del orden locales y federales, trabajando en turnos rotativos para mantener presencia en puntos estratégicos sin una función de combate directo, pero con capacidad para intervenir si se cometen actos delictivos.
Paralelamente, Trump anunció que colocará a la policía de Washington bajo control federal, asignando la responsabilidad a la fiscal general Pam Bondi. El presidente también enfatizó su intención de remover campamentos de personas sin hogar y acabar con lo que denominó como ‘guetos’ o ‘barrios marginales’, buscando una transformación profunda en la imagen y seguridad del Distrito de Columbia.
Estas acciones han generado controversia y rechazo por parte de autoridades locales, quienes aseguran que no hay una crisis de delincuencia como la que describe Trump y que estas decisiones son ilegales. La alcaldesa Muriel Bowser y el fiscal general Brian Schwalb señalaron que la violencia ha disminuido considerablemente en los últimos años, con índices de criminalidad en mínimos históricos en tres décadas, criticando además el tono autoritario y la falta de diálogo en estas medidas.
A pesar de estas críticas, el gobierno federal mantiene firme su postura, enfatizando un enfoque agresivo en materia de seguridad que busca recuperar el control y la tranquilidad en la capital. Este despliegue implica una movilización coordinada de la Guardia Nacional junto con agentes federales, quienes estarán vigilantes para prevenir y responder a incidentes, reforzando todo ello bajo un paraguas de acciones federales excepcionales.
Este episodio en Washington D.C. refleja una escalada en la intervención federal directa en la seguridad pública de la capital, con implicaciones políticas y sociales significativas. La respuesta de la comunidad y las autoridades locales será crucial para determinar el alcance y los resultados de estas medidas durante los próximos días y semanas.
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