En un giro reciente en las relaciones jurídicas internacionales, fabricantes de armas estadounidenses han anunciado su intención de solicitar a la Suprema Corte de Estados Unidos que rechace una demanda interpuesta por el gobierno de México, la cual asciende a 10,000 millones de dólares. Esta demanda busca responsabilizar a los fabricantes por su supuesta complicidad en el tráfico ilegal de armas hacia México, argumentando que dichas armas acaban en manos de los cárteles de la droga y contribuyen significativamente a la violencia en el país.
El gobierno de México sostiene que una gran cantidad de armas, estimadas en más de 500,000 anualmente, son traficadas desde Estados Unidos, con un 68% de estas siendo producidas por las empresas demandadas, entre las que se incluyen reconocidos fabricantes como Smith & Wesson Brands, Sturm, Ruger & Co; Beretta, Barrett, Colt’s, y Glock. México alega que estas compañías han minado sus estrictas leyes sobre armas al diseñar, comercializar y distribuir armas de asalto de estilo militar de formas que sabían terminarían armando a los cárteles de la droga.
La disputa legal se centra en gran medida en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), que brinda a los fabricantes de armas una amplia protección contra demandas relacionadas con el uso indebido de sus productos. La Corte del Primer Circuito dictaminó recientemente que, aunque la PLCAA puede aplicarse a demandas de gobiernos extranjeros, el caso de México plantea un tipo de reclamación que podría estar legalmente exento de la prohibición general de la PLCAA, dado que acusa a las empresas de facilitar ventas ilegales de armas.
La decisión final sobre si suspender el caso en espera de una apelación ante la Corte Suprema se tomará en una audiencia programada para el 12 de marzo, lo que subraya la complejidad y la importancia de este litigio no solo para las partes involucradas, sino también para las políticas de control de armas y las relaciones internacionales entre México y Estados Unidos.
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